La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) responsabilizaron a Ferromex, filial de Grupo México, por la reparación del daño ambiental provocado por el derrame de más de 70 mil litros de hidrosulfuro de sodio tras el descarrilamiento de un tren de carga en Naco, Sonora, y ordenaron la ejecución de un programa integral de remediación.
El accidente ocurrió el 25 de julio en el tramo ferroviario Cananea-Agua Prieta, cuando varios vagones se salieron de las vías y uno de ellos liberó hidrosulfuro de sodio —un compuesto químico utilizado en procesos industriales y mineros—, además de varias toneladas de concentrado de cobre. El material alcanzó el cauce de un arroyo y la afectación preliminar fue ampliada a 1.7 kilómetros cuadrados, una superficie mayor a la estimada en las primeras evaluaciones.
🚨🚧 Inspectores de la Profepa mantienen presencia permanente en el sitio impactado por un incidente ocurrido en un tren de carga de la empresa Ferromex, en el que se derramaron cobre e hidróxido de sodio en el tramo Cananea–Agua Prieta, municipio de Cuauhtémoc de Naco, #Sonora.… pic.twitter.com/jUVEb9L5LQ
— PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 31, 2026
Como medida inmediata, Profepa ordenó a Ferromex retirar los vagones accidentados y toda la infraestructura contaminada, reforzar la contención de los escurrimientos, limpiar el cauce del arroyo y el suelo afectado, retirar por completo el concentrado de cobre y excavar la tierra mezclada con el hidrosulfuro de sodio.
La empresa también deberá concluir la descontaminación del carro tanque involucrado y trasvasar los aproximadamente mil 700 litros del químico que permanecían en su interior para garantizar su retiro seguro, además de entregar evidencia documental y fotográfica que demuestre el cumplimiento de cada una de las medidas impuestas.
Las autoridades ambientales exigieron igualmente la elaboración de un estudio de caracterización que abarque al menos tres kilómetros del cauce afectado para determinar el desplazamiento de los contaminantes. Con esos resultados deberá diseñarse un programa de remediación integral, cuya ejecución dependerá de la aprobación de Semarnat y Profepa.
Aunque las autoridades han señalado que, de manera preliminar, el derrame no representa un riesgo inmediato para la población, mantienen el monitoreo del agua, el suelo y los ecosistemas de la zona para establecer el alcance real de los daños y las posibles responsabilidades administrativas o legales derivadas del accidente.
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El incidente vuelve a colocar bajo escrutinio a Grupo México por un nuevo episodio de contaminación ambiental ligado a sus operaciones. La exigencia de remediación busca que el costo de la restauración recaiga sobre la empresa responsable y no sobre las comunidades afectadas ni sobre las instituciones públicas encargadas de atender la emergencia.
