Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, salió a explicar su patrimonio después de que la publicación de su declaración exhibió terrenos, viviendas, cuentas bancarias y percepciones millonarias.
Durante meses, el funcionario mantuvo su declaración patrimonial bajo reserva. Claudia Sheinbaum ordenó hacerla pública y modificar la norma interna que permitió mantenerla confidencial.
Después, Octavio Romero aseguró que sus bienes tienen décadas de antigüedad y que adquirió parte de ellos antes de convertirse en funcionario público.
El problema no termina ahí. Las declaraciones de 2024 y 2025 presentan diferencias sobre la forma en que pagó algunos inmuebles, lo que alimentó las dudas públicas.
Terrenos, cuentas y departamentos
La declaración de 2025 registra 70.5 hectáreas de terrenos, cuatro cuentas bancarias con recursos e inversiones por alrededor de 7.4 millones de pesos y tres viviendas.
Octavio Romero explicó que algunos terrenos datan de 1984 y 1992, cuando todavía realizaba actividades privadas, argumento con el que busca desvincularlos de su trayectoria dentro del Gobierno.
El tabasqueño también defendió la adquisición de una casa en Tlalpan, comprada mediante un crédito hipotecario, según su explicación ante la Presidenta.
Romero Oropeza además habló de dos departamentos de 74 metros cuadrados, adquiridos mediante contratos firmados el mismo día en marzo de 2018.
Ambos inmuebles tuvieron un valor conjunto de 6.7 millones de pesos, aunque las declaraciones de distintos años registran diferencias sobre su forma de pago.
Octavio Romero sostiene que contrató créditos hipotecarios para cubrirlos y atribuyó las diferencias al funcionamiento del sistema de declaración patrimonial.
La transparencia que primero se cerró
El episodio resulta políticamente incómodo porque el patrimonio permaneció clasificado como confidencial durante dos años, incluyendo información sobre propiedades, cuentas e ingresos.
Sheinbaum tuvo que intervenir para pedir públicamente la difusión de la declaración y ordenar cambios a la norma interna del Infonavit.
La excomisionada del INAI Julieta del Río cuestionó esa reserva y sostuvo que las declaraciones patrimoniales deben ser públicas, salvo datos protegidos por privacidad.
Así, la discusión dejó de centrarse únicamente en cuánto posee Octavio Romero. También cuestiona por qué esa información permaneció oculta y quién permitió esa excepción.
El propio funcionario niega irregularidades y afirma que puede demostrar el origen de sus bienes. También rechazó tener joyas, obras de arte o 50 millones disponibles.
Su salario tampoco escapó al debate. Romero reportó ingresos superiores a 2.2 millones de pesos anuales durante 2025, cifra que distintas publicaciones compararon con las percepciones presidenciales.
La declaración patrimonial, por sí sola, no demuestra un origen ilícito. Pero las diferencias entre documentos, la reserva previa y la magnitud de los bienes justifican exigir explicaciones documentadas.
El discurso de austeridad enfrenta así una prueba incómoda: funcionarios que llegaron al poder denunciando privilegios ahora deben explicar patrimonios que despiertan cuestionamientos.
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Octavio Romero puede acreditar legalmente cada propiedad. Sin embargo, la transparencia no debería depender de que la Presidenta ordene publicar aquello que un organismo público decidió esconder.
