La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) advirtió que el anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, elaborado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), contiene disposiciones que podrían representar una regresión democrática y abrir la puerta a la discrecionalidad gubernamental en la regulación de los contenidos informativos.
En un posicionamiento difundido este martes, el organismo que agrupa a más de mil 200 estaciones de radio y televisión sostuvo que, aunque reconoce la importancia de proteger los derechos de las audiencias, el proyecto presenta ambigüedades que podrían afectar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
La principal preocupación de la industria radica en que los lineamientos permitirían a la autoridad determinar qué información puede considerarse «falsa» o «descontextualizada«, lo que, a juicio de la CIRT, desvirtúa el modelo de autorregulación previsto en la legislación y reduce la autonomía de los defensores de las audiencias, quienes quedarían sujetos a las decisiones del regulador.
«Entendemos que la posición de la CRT no es una de censurar, pero hay temas que preocupan y que, para evitar riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión, habría que corregir y definir con pulcritud«, señaló el organismo.
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— Cámara Nacional de la Industria de Radio y TV (@cirtmx) July 28, 2026
Otro de los puntos cuestionados son las sanciones económicas contempladas en el anteproyecto. La CIRT afirmó que se pretende imponer multas de hasta 1% de los ingresos anuales acumulados de concesionarios o programadores por cada presunta falta relacionada con contenidos informativos, pese a que la legislación vigente únicamente prevé sanciones por no contar con un defensor de las audiencias o por no emitir un código de ética.
Según la organización, establecer nuevas multas mediante lineamientos administrativos podría exceder las facultades que otorga la ley y generar inseguridad jurídica para los medios de comunicación.
Asimismo, expresó su preocupación por la creación de un recurso de inconformidad mediante el cual la autoridad podría revisar las resoluciones emitidas por los defensores de las audiencias, lo que, en la práctica, convertiría al Gobierno en la instancia final para decidir sobre la difusión de contenidos, incluidos los informativos.
La Cámara también pidió que el proyecto prohíba expresamente la presentación de quejas anónimas, al considerar que, de no hacerlo, podrían utilizarse como mecanismo de presión contra periodistas y medios mediante denuncias falsas o campañas coordinadas.
Los lineamientos fueron presentados durante un proceso de consulta pública encabezado por la Consejería Jurídica de la Presidencia y la CRT, con el objetivo de reglamentar los derechos de las audiencias previstos en la legislación en materia de telecomunicaciones.
La CIRT informó que realizará un análisis técnico junto con sus afiliados y presentará una postura formal durante la consulta pública.
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Aunque reconoció como positivo que el proyecto permanezca abierto a observaciones, insistió en que el texto requiere modificaciones para evitar disposiciones que, bajo el argumento de proteger a las audiencias, puedan traducirse en mecanismos de control sobre los contenidos y limitar el ejercicio de la libertad de expresión en México.
