El exgobernador de Puebla, Mario Marín, conocido como el «Góber precioso», abandonó el penal federal del Altiplano para continuar en prisión domiciliaria el proceso penal que enfrenta por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, en un nuevo giro de uno de los casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en México.
El traslado se realizó entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de julio, luego de que un juez federal modificó la medida cautelar tras conceder un amparo promovido por la defensa del exmandatario, que argumentó su estado de salud y su edad, superior a los 70 años.
Pese a las versiones que circularon sobre una supuesta liberación, Marín no fue exonerado ni recuperó su libertad plena. La resolución únicamente sustituye la prisión preventiva en un centro penitenciario por prisión domiciliaria, por lo que seguirá sujeto al proceso penal bajo estrictas medidas de vigilancia.
El exgobernador deberá permanecer en su domicilio, ubicado en la colonia Xilotzingo de la ciudad de Puebla, portar un brazalete electrónico, permanecer bajo monitoreo permanente y no podrá desplazarse libremente mientras se resuelve el juicio.
La causa penal deriva de la detención y presunta tortura sufrida por Lydia Cacho en diciembre de 2005, después de la publicación del libro Los demonios del Edén, en el que denunció una red de explotación sexual infantil vinculada con empresarios y personajes del poder político.
Un proceso con constantes cambios judiciales
El expediente ha estado marcado por resoluciones encontradas durante los últimos años.
Mario Marín fue detenido el 3 de febrero de 2021 en Acapulco por agentes de la Fiscalía General de la República y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, donde permaneció bajo prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el delito de tortura.
En agosto de 2024 obtuvo por primera vez el beneficio de prisión domiciliaria; sin embargo, en abril de 2025 un Tribunal Colegiado revocó esa medida al considerar que existía riesgo de fuga, por lo que regresó al penal federal.
Ahora, un nuevo amparo permitió nuevamente modificar la medida cautelar y ordenar su traslado a su domicilio, sin que ello implique el cierre del proceso o una sentencia absolutoria.
La decisión judicial ha reavivado el debate sobre el acceso a la justicia en casos de violaciones graves a derechos humanos y la aplicación de medidas cautelares a exfuncionarios de alto perfil.
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Organizaciones defensoras de la libertad de expresión y la propia Lydia Cacho han sostenido en distintas etapas del proceso que el exgobernador representa un riesgo para la víctima y han insistido en que el caso permanezca bajo vigilancia hasta que exista una sentencia definitiva.
