La Fiscalía del condado de Tompkins, Nueva York, reabrió la investigación penal por una presunta violación grupal denunciada contra siete estudiantes de la Universidad de Cornell.
La denunciante, identificada como Jane Doe, sostiene que siete integrantes de la fraternidad Chi Phi la drogaron y agredieron sexualmente durante horas en 2024.
Ahora, el fiscal Matthew Van Houten anunció que revisará nuevamente las pruebas y contempla presentar el caso ante un gran jurado para determinar posibles cargos
La joven presentó una demanda civil en septiembre contra Cornell, organizaciones vinculadas con Chi Phi y los siete estudiantes señalados, además de otros involucrados.
La demanda sostiene que la estudiante tenía 20 años cuando ocurrió el episodio y que permaneció incapacitada después de consumir alcohol y drogas.
Cornell University supports the decision of the Tompkins County District Attorney to provide an opportunity for the victim’s story in the 2024 Chi Phi fraternity sexual assault case to be heard by a criminal grand jury.
— Cornell University (@Cornell) September 28, 2026
Our statement: https://t.co/FIW8I8JYlU
Fiscalía reconsidera el caso
Van Houten explicó que en 2024 la declaración inicial de la estudiante no aportó evidencia suficiente, según su oficina, para acreditar falta de consentimiento.
Sin embargo, el fiscal decidió reabrir el expediente después de conocer las nuevas acusaciones planteadas en la demanda civil y revisar posibles evidencias adicionales.
El funcionario sostuvo que la credibilidad de la denunciante nunca estuvo en duda, pero insistió en que una acusación penal requiere pruebas suficientes, no únicamente presión pública.
La nueva revisión contempla el testimonio de Jane Doe y otros elementos que surgieron con el litigio civil presentado este mes.
Los abogados de los estudiantes señalados rechazan las acusaciones y sostienen que la investigación debe valorar toda la evidencia disponible antes de determinar responsabilidades.
Cornell enfrenta cuestionamientos
Cornell informó que realizó una investigación bajo el Título IX, separada del procedimiento penal, y que aplicó sanciones después de revisar el caso durante varios meses.
La universidad aseguró que esas medidas incluyeron expulsiones y suspensiones, además de restricciones temporales mientras avanzaba su procedimiento disciplinario interno.
Cornell también señaló que la investigación concluyó mediante un panel integrado por profesores y personal capacitado, que escuchó testimonios y revisó evidencias presentadas.
La institución negó que escribir ensayos constituyera la única consecuencia para los estudiantes involucrados, como afirma la demanda presentada por Jane Doe.
Asimismo, Cornell mantiene cerrado el capítulo local de Chi Phi, después de las medidas adoptadas tras el caso ocurrido en 2024.
Demanda reaviva críticas contra la universidad
El periódico estudiantil The Cornell Daily Sun publicó los nombres de los siete demandados, identificados dentro del expediente civil presentado por Jane Doe.
El editorial cuestionó la respuesta institucional y planteó que una acusación de esta naturaleza requiere investigaciones criminales independientes, además de procesos universitarios.
El caso provocó también presión política. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió revisar de manera independiente la actuación de Cornell frente a la denuncia.
La reapertura no significa que existan culpabilidades determinadas: los señalamientos continúan bajo investigación y cualquier responsabilidad penal deberá establecerse mediante el proceso correspondiente.
Nota relacionada: Matan a balazos a esposo de regidora del PVEM en Temascalapa, Edomex
Por ahora, el gran jurado deberá valorar la evidencia que presente la Fiscalía y decidir si existen elementos suficientes para avanzar hacia posibles acusaciones penales.
