El exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podrá acceder a recursos de tres pensiones que durante 2025 sumaron aproximadamente 1.5 millones de pesos, monto superior a sus ingresos como gobernador.
La resolución de un tribunal administrativo permitió levantar parcialmente las restricciones bancarias que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impuso al exfuncionario desde mayo pasado.
Pensiones de Rocha Moya superan ingresos como gobernador
Los documentos patrimoniales muestran que Rocha declaró 760 mil 313 pesos por jubilación de la UAS y 554 mil 697 pesos del IMSS.
Ambas prestaciones sumaron un millón 315 mil 10 pesos. Además, en su declaración anterior reportó 316 mil 102 pesos anuales por pensión del ISSSTE.
En contraste, durante 2025 declaró 797 mil 14 pesos por salario y prestaciones como gobernador, casi medio millón menos que sus dos pensiones documentadas.
La diferencia cobra relevancia porque el Gobierno federal promovió la eliminación de las llamadas pensiones doradas de exfuncionarios, bajo argumentos de austeridad y reducción de privilegios.
No obstante, el acceso de Rocha Moya deriva de una resolución judicial que protege las pensiones, no de una exención general del bloqueo financiero.
UIF libera pensiones, pero mantiene restricciones
La Secretaría de Hacienda informó que la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa concedió una suspensión provisional.
El fallo permite disponer exclusivamente de las ministraciones del IMSS, ISSSTE y UAS. Los demás recursos y operaciones financieras continúan sujetos a restricciones.
Estados Unidos presentó el 29 de abril una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntos acuerdos con Los Chapitos.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, los señalados habrían colaborado con esa facción del Cártel de Sinaloa. Rocha solicitó licencia al cargo el 1 de mayo.
La acusación estadounidense no constituye una sentencia condenatoria. Sin embargo, mantiene bajo escrutinio político y judicial al exmandatario sinaloense.
Ruffo enfrenta otro escenario financiero
El contraste aparece con Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista de Baja California, quien enfrenta un proceso por presunta delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos.
La FGR lo vincula con una presunta red de contrabando de combustible mediante ferrotanques y operaciones relacionadas con la empresa Ingemar.
Ruffo enfrenta el proceso en prisión domiciliaria, pero mantiene cuentas bancarias bloqueadas por la UIF, situación que limitó su capacidad para cubrir una garantía económica solicitada durante el procedimiento.
Además, una jueza concedió una suspensión definitiva relacionada con su proceso, aunque la investigación penal continúa y la medida no equivale a una absolución.
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Así, dos exgobernadores investigados por asuntos distintos enfrentan restricciones financieras diferentes: Rocha recuperó recursos protegidos por sus pensiones, mientras Ruffo continúa sin acceso pleno a sus cuentas.
