Ante la polémica generada por la cancelación de visas estadounidenses a dos gobernadores morenistas señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado; fuentes del Departamento de Estado confirmaron que a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, si les fueron revocadas, pese a que ambos mandatarios han negado públicamente esa situación.
Esta información fue revelada por el semanario ZETA de Tijuana, en la que destaca que las visas de ambos gobernadores morenistas aparecen como canceladas en los registros migratorios estadounidenses.
Pero aclara que conservan físicamente los documentos debido a que no han intentado cruzar la frontera, lo que ha impedido a las autoridades estadounidenses retirarlos de manera formal. Con este caso, suman tres gobernadores emanados de Morena que enfrentan la cancelación de visas por parte de Washington, después de que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reconociera en 2025 que perdió dicho beneficio migratorio."Casi sudo agua bendita", dice el muy "simpático" Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo), tras cuestionar reportaje de LA Times.
— Alejandra Escobar (@AleEsat) June 3, 2026
Lo curioso es que, para acabar con la polémica, bastaría mostrar que conserva su visa. No quiere hacerlo. Tampoco corroborarlo viajando a Estados Unidos. pic.twitter.com/fu8j7Ocn5S
Niego categóricamente los señalamientos difundidos por el diario Los Angeles Times. No existe ninguna acusación o investigación en mi contra, y mi visa se encuentra vigente.
— Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) June 3, 2026
Nuestra prioridad seguirá siendo gobernar con responsabilidad y con hechos, dar resultados y responder… pic.twitter.com/3OcJA3dVpU
Aunque el Departamento de Estado evitó detallar las investigaciones en curso, fuentes consultadas señalaron que las revocaciones estarían relacionadas con presuntos nexos, directos o indirectos, con organizaciones criminales o actividades vinculadas al narcotráfico.
Las revelaciones chocan con la postura de los gobiernos estatales. Durazo calificó los señalamientos como una “infamia” y aseguró que nunca ha sido notificado sobre la cancelación de su visa. En tanto, el gobierno de Tamaulipas rechazó como falsas las versiones publicadas por medios estadounidenses que apuntan a una investigación por presunto huachicol fiscal y la supuesta anulación del documento migratorio de Villarreal.
El caso cobró mayor relevancia tras una publicación de Los Angeles Times, que sostiene que ambos gobernadores serían objeto de investigaciones federales en Estados Unidos.
Según ese reporte, Durazo habría perdido su visa desde el año pasado y actualmente ingresaría al país mediante un permiso especial de carácter excepcional. Villarreal, por su parte, estaría bajo investigación por presunto contrabando de hidrocarburos.
Las versiones se producen en un contexto de creciente escrutinio de Washington hacia actores políticos mexicanos.
Desde 2025, la administración del presidente Donald Trump ha endurecido las medidas contra funcionarios presuntamente relacionados con estructuras criminales.
Reuters reportó previamente que al menos 50 políticos mexicanos habían sido afectados por restricciones migratorias o cancelaciones de visa.
A esta lista se suman antecedentes recientes como la cancelación de la visa de Marina del Pilar Ávila, las investigaciones contra la diputada federal Araceli Brown y las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que corresponde a los gobernadores aclarar su situación migratoria ante la opinión pública, mientras que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha reiterado que una visa es un privilegio sujeto a revisión y no un derecho garantizado.
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La contradicción entre las versiones oficiales de los mandatarios y la información atribuida al Departamento de Estado abre un nuevo frente de cuestionamientos sobre la transparencia de los gobiernos involucrados y sobre el alcance de las investigaciones que Washington mantiene contra actores políticos mexicanos.
