Un juez federal ordenó reservar la parte central de la audiencia de imputación contra César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, por presuntos riesgos para la seguridad nacional.
Ricardo Alfonso Santos Dorantes, juez de control en Almoloya de Juárez, aceptó la petición de la Fiscalía General de la República (FGR), pese a que Jáuregui solicitó una diligencia pública.
Sin embargo, la decisión excluye a periodistas y ciudadanos durante la imputación y los debates. El juez permitirá el acceso únicamente cuando comunique sus resoluciones judiciales.
La fiscal Brenda Pluma Ramírez argumentó que divulgar información del expediente podría afectar a personas extranjeras y generar controversias internacionales. Jáuregui rechazó esa postura y defendió el derecho ciudadano a conocer el caso.
Además, el juez decretó un receso de 12 horas porque la defensa denunció que aún no tenía acceso completo a la investigación, integrada por cuatro tomos y 54 anexos.
La audiencia inicial continuará a las 21:00 horas de este martes. El juzgador deberá resolver si impone medidas cautelares y si vincula a proceso al exfiscal.
El accidente que detonó la investigación contra Jáuregui
El caso se relaciona con un operativo realizado el 18 de abril en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde autoridades estatales localizaron un narcolaboratorio de drogas sintéticas.
Durante la madrugada siguiente, un accidente automovilístico causó la muerte de Pedro Román Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación, y de los estadounidenses Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, identificados como agentes de la CIA.
Posteriormente, la FGR aseguró en el predio alrededor de 55 mil litros y más de 50 toneladas de precursores químicos, además de casi dos mil litros de metanfetamina.
Una acusación que exige pruebas
La FGR acusa a Jáuregui de traición a la patria, delito contemplado en el artículo 123, fracción I, del Código Penal Federal, que establece penas de cinco a 40 años de prisión para determinadas conductas contra la soberanía nacional.
Según la Fiscalía, los estadounidenses carecían de autorizaciones de seguridad para ingresar temporalmente a México con fines de intercambio de información. También señaló que no contaban con licencias de portación de armas, aunque existen indicios de que estarían armados.
La acusación plantea interrogantes sobre la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro de México y los mecanismos de coordinación entre autoridades. Sin embargo, las imputaciones todavía requieren valoración judicial y no constituyen una sentencia contra Jáuregui.
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La reserva de la audiencia abre otro debate: la seguridad nacional frente a la transparencia judicial. La ciudadanía tendrá acceso limitado a una causa que involucra a funcionarios mexicanos, agentes estadounidenses y una investigación sobre narcotráfico.
