La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una megacárcel diseñada para albergar hasta 5 mil 100 reclusos considerados peligrosos.
El complejo penitenciario costó aproximadamente 35 millones de dólares y se ubica junto a la prisión La Reforma, en San Rafael de Alajuela. El Gobierno busca reforzar el control sobre organizaciones criminales.
Sin embargo, la nueva prisión también abre interrogantes sobre la eficacia de la estrategia de mano dura. El modelo sigue la línea del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
La administración costarricense destinará el CACCO a cabecillas criminales, reclusos violentos y personas sospechosas de coordinar delitos desde prisión. Las autoridades prevén iniciar los traslados de internos a finales de octubre.
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La inauguración ocurre mientras Costa Rica enfrenta una escalada de violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado. El Gobierno apuesta por el aislamiento penitenciario, aunque la infraestructura por sí sola no garantiza una reducción de homicidios.
