Un contrato de 1 millón 809 mil 600 pesos firmado por la entonces Coordinación General de Comunicación Gubernamental de Hidalgo con Grupo Editorial de Medios Creativos S.A. de C.V., editor de El Universal Hidalgo, exhibe una diferencia millonaria entre el monto pagado por publicidad oficial y la tarifa que el propio periódico reportó ante el Padrón Nacional de Medios Impresos (PNMI).
El convenio, suscrito en febrero de 2024 por el entonces coordinador Eduardo Iturbe Méndez, contempla cuatro publicaciones en las ediciones de los días 6, 12, 19 y 26 de febrero, por un costo de 452 mil 400 pesos cada una.
Sin embargo, el PNMI registra que una plana a color de El Universal Hidalgo tiene un precio de 24 mil 165 pesos.
La diferencia no es menor. Con esa tarifa oficial, cada publicación pagada por el Gobierno de Hidalgo equivaldría a 18.7 planas completas de publicidad en una sola edición. En las cuatro fechas contratadas, el volumen ascendería a casi 75 planas.
La pregunta es inevitable: ¿el Gobierno de Hidalgo recibió publicidad equivalente a casi 19 planas por edición o el contrato incluyó otros servicios que justifiquen el monto?
Una revisión de las ediciones correspondientes muestra, según los señalamientos difundidos públicamente, que la presencia de publicidad gubernamental habría sido de una o dos planas por ejemplar, muy lejos del espacio que implicaría el pago realizado si se tomara como referencia la tarifa registrada por el propio medio.
Hasta ahora no existe una explicación pública que aclare el origen de esa diferencia. Tampoco se ha informado si el contrato contempló conceptos adicionales —como campañas digitales, generación de contenidos, diseño, posicionamiento, medición o paquetes comerciales— que pudieran modificar el costo de la contratación.
La opacidad adquiere relevancia porque el gasto corresponde a recursos públicos. Si el pago obedeció únicamente a inserciones impresas, la diferencia entre la tarifa registrada y el monto erogado resulta significativa. Si existieron otros servicios, éstos deberían encontrarse plenamente desglosados y acreditados en los anexos técnicos y en los entregables del contrato.
El convenio fue autorizado por Eduardo Iturbe Méndez, entonces responsable de la política de comunicación social del Gobierno de Hidalgo y encargado de administrar el presupuesto destinado a publicidad oficial.
De mantenerse la misma mecánica de contratación durante el resto del año, el gasto podría haber escalado a decenas de millones de pesos, aunque ello dependería de que existieran contratos bajo condiciones similares, un aspecto que sólo puede determinarse mediante la revisión integral de los convenios celebrados durante 2024.
El caso plantea interrogantes que requieren respuesta documental: ¿por qué el Gobierno pagó un monto que supera en casi 19 veces la tarifa pública registrada por el propio medio?, ¿qué servicios recibió exactamente a cambio?, ¿están acreditados los entregables y existe evidencia de que el precio corresponde al valor de mercado?
Corresponderá a la Contraloría del Estado, a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y, en su caso, a las autoridades fiscalizadoras competentes revisar si el contrato cumplió con los principios de economía, eficiencia, transparencia y máxima rendición de cuentas que rigen el ejercicio de los recursos públicos.
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Hasta el momento, ni Eduardo Iturbe Méndez ni Grupo Editorial de Medios Creativos S.A. de C.V. han emitido una explicación pública sobre la diferencia entre el monto contratado y la tarifa registrada en el Padrón Nacional de Medios Impresos. Ambos cuentan con el derecho de exponer su versión y aportar la documentación que consideren pertinente.
