El caso de Rubén Rocha Moya vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para el gobierno federal: ¿hasta dónde llega el compromiso de las autoridades con el esclarecimiento de los señalamientos que involucran a funcionarios públicos y dónde comienza la protección institucional?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) retiró parcialmente el bloqueo de dos cuentas bancarias del exgobernador de Sinaloa, luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa concediera una suspensión provisional para permitirle disponer de los recursos provenientes de sus pensiones del ISSSTE, IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa.
🚨La UIF confirma que permitirá a Rubén Rocha Moya acceder parcialmente a sus recursos. La Secretaría de Hacienda informó que un tribunal concedió una suspensión provisional para que el exfuncionario pueda disponer únicamente de sus pensiones del ISSSTE, IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa. La medida no implica el desbloqueo total de sus cuentas bancarias. 📃 vía @arturoangel20
— Azucena Uresti (@azucenau) November 13, 2026
Aunque jurídicamente la resolución tiene un alcance específico y protege recursos pensionarios, el contexto político e institucional en el que ocurre no puede ignorarse.
Rocha Moya no es un ciudadano involucrado en un asunto administrativo cualquiera. Su nombre aparece en una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, por presuntos vínculos con Los Chapitos y posibles actos de colaboración con el crimen organizado. Él ha rechazado los señalamientos y estos no equivalen a una sentencia condenatoria.
Sin embargo, lo verdaderamente cuestionable es la manera en que las instituciones mexicanas han gestionado este caso.
Desde el inicio, el gobierno federal ha tenido una participación que merece ser examinada con lupa. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en mayo el congelamiento preventivo de las cuentas, pero explicó que se trataba de una medida derivada de alertamientos financieros y de mecanismos de prevención, no de una investigación propia de la UIF.
Ahora, meses después, el procedimiento administrativo y judicial permitió que Rocha Moya recuperara el acceso a una parte de sus recursos. Es importante precisar que la UIF afirma haber actuado en cumplimiento de una resolución judicial y que el resto de las restricciones financieras continúa vigente.
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Lo que preocupa es la percepción de que, frente a señalamientos de enorme gravedad, las instituciones parecen concentrar sus esfuerzos en garantizar que los procedimientos que favorecen al personaje político avancen, mientras la ciudadanía sigue esperando explicaciones contundentes sobre el fondo de las acusaciones.
