Cinco marinos de la Secretaría de Marina (Semar) y un policía Estatal de Veracruz fueron detenidos por su presunta participación en un caso de secuestro exprés ocurrido en el norte de la entidad, un hecho que vuelve a poner bajo escrutinio el desempeño de corporaciones encargadas de garantizar la seguridad.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), los hechos ocurrieron en noviembre de 2025, cuando los marinos y el policía realizaban funciones de seguridad pública en la zona de Álamo Temapache. La detención de los marinos y policía se concretó el 20 de agosto y todos permanecían en activo al momento de su captura.
Interceptaron pareja durante patrullaje
Según los primeros datos de la investigación, los agentes habrían interceptado a una pareja durante un patrullaje sobre la carretera Álamo-Tihuatlán. Tras localizarles una presunta pistola hechiza calibre .22, supuestamente exigieron dinero para evitar ponerlos a disposición de las autoridades.
Posteriormente, los uniformados habrían obligado a las víctimas a realizar una transferencia de 30 mil pesos y, además, las trasladaron a un camino de terracería ubicado entre las comunidades de La Reforma y Estero del Ídolo, donde presuntamente permanecieron privadas de la libertad mientras se exigía un pago adicional a sus familiares.
Asimismo, de acuerdo con las indagatorias difundidas hasta ahora, la suma obtenida habría alcanzado 130 mil pesos: 30 mil mediante una transferencia bancaria y otros 100 mil entregados para conseguir la liberación de la pareja. Las víctimas también habrían sido despojadas de teléfonos y otras pertenencias.
Los detenidos fueron identificados como Ángel de Jesús “N”, Gabriel “N”, Yahir “N”, Pedro “N”, Omar David “N” y Noé Alberto “N”, este último adscrito a la Policía Estatal de Veracruz. Todos serán puestos a disposición de un juez de control del distrito judicial de Tuxpan, quien deberá determinar su situación jurídica.
Ante ello, la Secretaría de Marina informó que mantiene disposición para colaborar con la Fiscalía veracruzana y con las autoridades competentes para esclarecer los hechos. La institución sostuvo, además, que no tolera conductas contrarias a la legalidad, la ética, la disciplina y los valores del servicio naval.
Tras conductas ilícitas deberán responder ante las autoridades
En ese sentido, la Armada señaló que cualquier integrante que incurra en conductas ilícitas deberá responder ante las autoridades, independientemente de las responsabilidades administrativas, disciplinarias o penales que correspondan. También aseguró que respetará el debido proceso y los derechos de todas las personas involucradas.
Sin embargo, el caso adquiere especial relevancia porque los elementos navales participan desde hace más de 15 años en tareas de seguridad pública en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, además de intervenir en operativos conjuntos con policías estatales en distintas regiones del estado.
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Así, más allá de las responsabilidades individuales que determine un juez, la investigación coloca nuevamente bajo la lupa los controles internos y la supervisión de los cuerpos de seguridad que, precisamente, tienen entre sus principales funciones proteger a la población. El caso deberá esclarecerse con pruebas y bajo el debido proceso, pero también obliga a revisar qué mecanismos existen para impedir que agentes investidos de autoridad puedan convertirse en presuntos participantes de delitos contra los ciudadanos.
