Con 330 votos a favor y 122 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.
El dictamen impulsa una migración gradual del efectivo hacia tarjetas, transferencias, códigos QR, CoDi, DiMo y otros mecanismos digitales determinados posteriormente por Hacienda.
Sin embargo, la aprobación todavía no concluye el proceso legislativo: el Pleno discute reservas y, posteriormente, el proyecto deberá pasar al Senado para continuar su trámite.
El punto más controvertido concentra poder en Hacienda, porque la dependencia podrá definir sectores estratégicos y actividades relevantes donde el pago digital pueda convertirse en única modalidad.
#AlMomento | Las y los diputados aprueban en lo general, con 330 votos a favor, el dictamen por el que se expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. https://t.co/zhUxpJGA9U
— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 6, 2026
La oposición cuestionó esa facultad por considerar que el dictamen carece de criterios precisos, además de advertir incertidumbre para pequeñas empresas, familias y consumidores sin conectividad.
Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, advirtió que terminales, códigos QR, internet y adaptación tecnológica podrían elevar costos para pequeños comercios si nadie cubre esa transición.
La legisladora señaló que las comisiones bancarias pueden alcanzar 1.91 por ciento en crédito y 1.15 por ciento en débito, costos difíciles de absorber para pequeños negocios.
Asimismo, Homero Niño de Rivera, del PAN, acusó estacionalidad en las decisiones de Hacienda y reclamó mecanismos de defensa para empresas y usuarios ante posibles arbitrariedades.
Brecha digital y costos para pequeños negocios
El PRI alertó sobre la brecha digital y recordó que la informalidad alcanza 55 por ciento de la población económicamente activa, según el argumento presentado durante el debate.
En contraste, Morena defendió la reforma como una vía para ampliar la inclusión financiera, reducir costos, mejorar controles y facilitar la formalización mediante operaciones electrónicas.
El dictamen también reconoce la CURP Digital como mecanismo de confianza para contratar servicios financieros y plantea un Expediente Digital Ciudadano con efectos jurídicos para documentos electrónicos.
Además, la propuesta contempla que los gobiernos federal, estatales y municipales acepten pagos digitales por trámites y servicios, mientras autoridades financieras establecerían controles contra operaciones fraudulentas.
El reto será garantizar que digitalizar no signifique excluir. La infraestructura, conectividad, comisiones, protección de datos y mecanismos contra fraudes definirán el impacto real de esta reforma.
La iniciativa contempla una transición gradual y apunta inicialmente hacia actividades como gasolineras y casetas, aunque esas categorías deberán definirse mediante disposiciones posteriores de Hacienda.
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Además, el proyecto no plantea eliminar el efectivo en toda la economía, sino permitir restricciones sectoriales bajo determinadas condiciones y con excepciones ante contingencias.
