Adolfo López Saldaña, de 40 años, y Marco Antonio Sarmiento García, de 60, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fueron localizados sin vida tras desaparecer en junio pasado.
Los cuerpos aparecieron en una zona boscosa de Huauchinango, Puebla, cerca del kilómetro 137+700 de la autopista México-Tuxpan, en territorio limítrofe con Hidalgo.
Sin embargo, el hallazgo ocurre más de tres meses después de su desaparición y después de que autoridades procesaron a ocho personas por secuestro agravado.
Los trabajadores salieron el 26 de junio desde Huauchinango para realizar labores de mantenimiento y tendido de cableado en la zona de la autopista México-Tuxpan.
La última señal de sus vehículos apareció ese día alrededor de las 14:01 horas, sobre la autopista México-Tuxpan, a la altura de Acaxochitlán, Hidalgo.
Dos días después, autoridades localizaron abandonadas las camionetas utilizadas por los trabajadores en La Mesa de Acaxochitlán, pero no encontraron a las víctimas.
Ataque y secuestro, bajo investigación
La investigación federal estableció que ambos trabajadores habrían sido privados de la libertad mientras reparaban un vehículo sobre la carretera Tulancingo-Huauchinango, aunque falta esclarecer cómo ocurrieron exactamente los hechos.
En agosto, la FGR detuvo y consiguió la vinculación a proceso de ocho personas, cuatro hombres y cuatro mujeres, por su probable responsabilidad en el secuestro agravado.
La Fiscalía realizó cinco cateos y utilizó información financiera y registros de comunicaciones para avanzar en la investigación sobre la desaparición de los empleados de la empresa estatal.
Ahora, el hallazgo de los cuerpos cambia la dimensión del caso: la autoridad deberá reconstruir el secuestro, determinar las causas de muerte e identificar responsables adicionales, si los hubiera.
Los restos presentaban un avanzado estado de descomposición; uniformes y pertenencias permitieron establecer preliminarmente su identidad, pero autoridades realizarán pruebas de ADN para confirmarla científicamente.
La FGR mantiene la investigación con colaboración de autoridades de Hidalgo y Puebla, mientras los restos permanecen bajo análisis del Servicio Médico Forense.
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La investigación deberá explicar por qué dos trabajadores desaparecieron durante una comisión oficial, cómo llegaron sus cuerpos hasta esa zona boscosa y qué ocurrió durante esos meses.
