La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero carecía de facultades para fiscalizar cerca de 899 millones de pesos de recursos federales ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco durante la administración de Abelina López Rodríguez, al determinar que esa responsabilidad corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Conoce lo que se resolvió en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. #LaCorteEnBreve pic.twitter.com/EdTBgwECwo
— Suprema Corte (@SCJN) July 7, 2026
Aunque jurídicamente el fallo delimita competencias entre autoridades fiscalizadoras, políticamente deja un mensaje preocupante en un país donde la exigencia de transparencia es cada vez mayor y la confianza ciudadana en las instituciones continúa debilitándose.
La propia Corte fue enfática en aclarar que su resolución no constituye una absolución para la alcaldesa ni significa que el manejo de los recursos haya sido validado. Simplemente determinó que la auditoría fue realizada por una autoridad que no tenía competencia constitucional para hacerlo, por lo que cualquier investigación deberá ser encabezada por la Auditoría Superior de la Federación.
Sin embargo, más allá del aspecto legal, el caso vuelve a exhibir un problema recurrente en México: cuando existen dudas sobre el destino de recursos públicos, las disputas entre instituciones suelen retrasar las investigaciones y alimentar la percepción de impunidad.
Para miles de ciudadanos de Acapulco, un municipio que aún enfrenta enormes rezagos en infraestructura, servicios públicos y reconstrucción tras diversos desastres naturales, la discusión no gira sobre cuál autoridad debe revisar el dinero, sino sobre una pregunta mucho más simple: ¿en qué se utilizaron casi 899 millones de pesos y quién rendirá cuentas por ellos?
El riesgo es que la resolución termine siendo utilizada políticamente como una victoria personal de Abelina López, cuando en realidad la SCJN dejó claro que la fiscalización federal puede y debe continuar.
La transparencia no depende únicamente de quién audita, sino de la disposición de los gobiernos para entregar información y permitir que los recursos públicos sean revisados sin obstáculos.
