Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que una red de diez empresas vinculadas entre sí, sin experiencia comprobada en obras hidráulicas y con presuntos esquemas de simulación de competencia, recibió contratos por más de 2 mil 314 millones de pesos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
El caso adquiere especial relevancia debido a que el eje de esta red empresarial es Ferroclin U&Q, compañía constituida en una notaría del hoy senador morenista Adán Augusto López Hernández y que fue incluida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la lista definitiva de empresas que simulan operaciones.
De acuerdo con la investigación, Ferroclin recibió contratos por más de 329 millones de pesos para proyectos hidráulicos prioritarios, pese a que el SAT concluyó que carecía de activos, personal e infraestructura suficientes para realizar las obras adjudicadas.
La red empresarial obtuvo contratos relacionados con proyectos estratégicos como la presa Santa María y el distrito de riego Picachos, en Sinaloa, así como obras de irrigación para el pueblo Yaqui, en Sonora.
Según MCCI, varias de estas compañías compartían administradores, gerentes, accionistas y representantes legales, además de participar simultáneamente en licitaciones públicas, lo que apunta a posibles prácticas de simulación de competencia.
La investigación también señala que cerca del 80 por ciento de los recursos asignados a este entramado empresarial fueron autorizados desde la Gerencia de Recursos Materiales de CONAGUA, área que estuvo encabezada por Alejandra Icela Martínez Rodríguez, hija de la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y posteriormente por Ángel Manuel Medel Ríos, exintegrante de la Ayudantía Presidencial.
Otro de los hallazgos documentados es el caso de Jylco Construcciones, una pequeña empresa de Acapulco cuyo fundador falleció en condiciones económicas precarias sin conocer que la compañía había obtenido contratos multimillonarios con el gobierno federal después de que empresarios tabasqueños asumieran su control administrativo.
La investigación sostiene que varias empresas originalmente establecidas en Guerrero fueron intervenidas por un mismo grupo de empresarios y operadores provenientes de Tabasco, quienes posteriormente accedieron a contratos millonarios de infraestructura hidráulica pese a no contar con antecedentes en el sector.
A pesar de haber sido declarada como empresa fantasma por el SAT en enero de 2026, Ferroclin continuó participando en licitaciones de CONAGUA meses después de dicha resolución, lo que ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de control y supervisión de las contrataciones públicas.
Consultada por MCCI, la CONAGUA respondió que la información de los contratos es pública y señaló que cualquier posible irregularidad corresponde a las instancias competentes de fiscalización e investigación. Por su parte, exfuncionarios involucrados en los procesos de contratación rechazaron responsabilidades directas y señalaron que la revisión de los hechos corresponde a las autoridades anticorrupción.
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El caso vuelve a colocar bajo escrutinio la transparencia en la asignación de contratos públicos y los controles gubernamentales para evitar que empresas señaladas por presuntas operaciones simuladas accedan a recursos multimillonarios destinados a obras prioritarias de infraestructura.
