La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) solicitó formalmente a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, no abordar este jueves la impugnación sobre la primera parte del “Plan B” electoral, cuyo proyecto plantea invalidar reformas realizadas por la mayoría de Morena.
Por otro lado, Presidencia pidió que lo antes posible la Suprema Corte resuelva la constitucionalidad o no del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social (LGSC) el 11 de mayo de 2018, mismo que fue respaldado entonces por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).
El gobierno federal argumentó que en orden y por seguridad jurídica, el alto tribunal debe resolver primero dicho tema pues lleva cinco años pendiente.
«Hasta la fecha, la SCJN no ha dictado sentencia definitiva a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde su impugnación en 2018», reprochó en un comunicado.
Además, la Consejería explicó que la LGCS fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 por las mayorías parlamentarias del PRI y el PAN, lo cual fue cuestionado por la entonces minoría en la Cámara de Senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el partido Movimiento Ciudadano, al considerar que existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones no son constitucionales.
