Petróleos Mexicanos (Pemex) incrementó durante el primer semestre de 2026 sus emisiones de los principales gases asociados con el cambio climático y el deterioro de la calidad del aire, de acuerdo con los indicadores ambientales incluidos en su reporte financiero del segundo trimestre.
Entre enero y junio, la empresa reportó 38.7 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂), 15.9% más que los 33.4 millones registrados en el mismo periodo de 2025. El aumento representa 5.3 millones de toneladas adicionales en apenas un año.
El dato resulta particularmente relevante porque el CO₂ es el principal gas de efecto invernadero generado por las actividades humanas y su acumulación en la atmósfera contribuye al calentamiento global. Por ello, el incremento en las emisiones de Pemex contrasta con el discurso gubernamental de colocar la protección ambiental entre sus prioridades.
No fue el único indicador que empeoró.
Los óxidos de azufre aumentaron 12.4%, al pasar de 648.2 mil a 728.7 mil toneladas en el primer semestre. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) advierte que la exposición de corto plazo al dióxido de azufre puede afectar el sistema respiratorio y dificultar la respiración; además, las personas con asma, particularmente los niños, son más sensibles a sus efectos.
Así, el incremento adquiere una dimensión que va más allá de las estadísticas ambientales, especialmente en comunidades cercanas a instalaciones petroleras y de refinación. La propia EPA señala que diversos contaminantes atmosféricos están relacionados con enfermedades respiratorias infantiles y con el agravamiento del asma.
A la par, Pemex reportó un aumento de 17.7% en sus emisiones de metano, que pasaron de 380 mil a 447.2 mil toneladas entre los primeros semestres de 2025 y 2026.
El metano representa una preocupación adicional por su elevado potencial de calentamiento. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) señala que este gas tiene más de 80 veces el poder de calentamiento del CO₂ durante un periodo de 20 años.
Además de que permanece en la atmósfera alrededor de 12 años, por lo que reducirlo puede generar beneficios climáticos relativamente rápidos.
El contraste con Dos Bocas
Los datos llegan mientras persisten señalamientos y preocupaciones de habitantes de Paraíso, Tabasco, municipio donde opera la refinería Olmeca, conocida como Dos Bocas, sobre posibles afectaciones ambientales y problemas de salud en la población.
Sin embargo, es importante hacer una precisión: el incremento nacional de emisiones reportado por Pemex no demuestra por sí mismo que las enfermedades respiratorias de niños de Paraíso sean causadas por la refinería Dos Bocas.
Para establecer esa relación se requerirían mediciones locales de calidad del aire, exposición y estudios epidemiológicos que permitan determinar causalidad.
Lo que sí está documentado es el aumento de los contaminantes reportados por la petrolera y los riesgos que algunos de ellos representan para la salud.
En el caso del dióxido de azufre, la evidencia de la EPA vincula la exposición con dificultades respiratorias y una mayor vulnerabilidad entre niños con asma.
El problema, por tanto, no es únicamente cuánto contamina Pemex, sino qué mecanismos existen para medir, transparentar y reducir esas emisiones en las comunidades que viven cerca de sus instalaciones.
Además, el aumento ocurre en momentos en que el Gobierno federal ha planteado una política energética que busca mantener el peso estratégico de Pemex.
Si la producción y operación industrial crecen sin controles ambientales equivalentes, el costo puede trasladarse a la calidad del aire, al clima y potencialmente a la salud de las poblaciones expuestas.
Los números del primer semestre dejan un mensaje incómodo: mientras el discurso oficial habla de protección ambiental, los propios indicadores de Pemex muestran que sus emisiones de CO₂, óxidos de azufre y metano aumentaron de manera significativa.
El reto ahora es determinar cuánto de ese incremento corresponde a cada proceso e instalación, particularmente a las refinerías.
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Además de verificar, si las autoridades ambientales cuentan con vigilancia independiente suficiente para garantizar que el aumento de la actividad petrolera no termine convirtiéndose en un aumento del riesgo para las comunidades.
