La red empresarial vinculada a José Alfredo Hernández Casillas, cercano a Guadalupe Taddei, obtuvo contratos por 123 millones 143 mil 630 pesos durante la elección judicial de 2025.
Los recursos llegaron mediante organismos electorales de Quintana Roo, Sonora, San Luis Potosí, Coahuila y Nayarit, que contrataron a Cajas Graf y Litho Formas para adquirir material electoral.
Sin embargo, las adjudicaciones cobran relevancia por los señalamientos sobre una presunta simulación de competencia entre proveedores relacionados, un esquema que también aparece en contratos anteriores.
Contratos millonarios en cinco estados
Quintana Roo encabezó los pagos, con 50 millones 695 mil 224 pesos, mediante un contrato con Litho Formas y una ampliación para Cajas Graf.
En Sonora, el organismo electoral entregó 31 millones 98 mil 292 pesos a Cajas Graf, mientras San Luis Potosí pagó 16 millones 899 mil 925 pesos a Litho Formas.
Por su parte, Coahuila destinó 16 millones 874 mil 959 pesos y Nayarit otros 7 millones 575 mil 228 pesos a Litho Formas, según los contratos revisados.
Estas operaciones colocan nuevamente bajo escrutinio la contratación de proveedores electorales y los mecanismos que utilizaron los organismos estatales para justificar sus adquisiciones.
Presunta competencia simulada entre empresas
De acuerdo con las investigaciones periodísticas y los expedientes revisados, varias compañías vinculadas a Hernández Casillas compartían domicilios fiscales, representantes y relaciones comerciales.
Además, testimonios recabados por El Universal señalaron que Cajas Graf y Corporativo Zeg intercambiaban trabajos, pese a presentarse como competidoras en procedimientos de contratación.
El mecanismo habría permitido que empresas relacionadas aparentaran competir en licitaciones, mientras las autoridades electorales adjudicaban contratos millonarios al grupo empresarial.
La red acumula contratos por miles de millones
Sin embargo, los 123 millones de pesos representan solamente una parte del negocio. El Órgano Interno de Control del INE documentó irregularidades mayores.
El 31 de octubre, el contralor Víctor Hugo Carvente Contreras informó que cinco empresas relacionadas recibieron 2 mil 461 millones de pesos de 27 organismos electorales estatales entre 2014 y 2025.
Según el funcionario, las compañías acumularon 106 contratos y solamente 53 surgieron de licitaciones públicas. Además, identificó posibles acuerdos para manipular ofertas y aparentar competencia.
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La investigación también contempla posibles responsabilidades administrativas por faltas graves. El caso exhibe riesgos de colusión y falta de controles en el gasto electoral.
