Una controversia territorial entre México y Estados Unidos surgió luego de que el gobierno de Texas reclamara como propiedad estatal nueve islas ubicadas en el Río Bravo, en la zona fronteriza entre Laredo y McAllen.
La decisión fue anunciada el 26 de octubre por Dawn Buckingham, comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas (GLO), quien aseguró que los terrenos pertenecen a esa entidad.
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— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 31, 2026
Tambien autorizó que autoridades estatales puedan acceder a ellos para realizar labores de vigilancia, limpieza y patrullaje.
De acuerdo con la dependencia texana, las nueve islas abarcan aproximadamente 66 acres, equivalentes a 26.7 hectáreas. La revisión surgió después de que autoridades fronterizas estadounidenses solicitaran esclarecer la situación jurídica de 28 formaciones terrestres cuya propiedad consideraban incierta.
Buckingham argumentó que estos territorios podrían ser utilizados por organizaciones criminales para actividades relacionadas con el narcotráfico, el tráfico de personas y el contrabando.
Ante el anuncio, México respondió. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó que una autoridad estatal estadounidense pueda determinar unilateralmente los límites internacionales y recordó que la soberanía fronteriza se rige por acuerdos entre ambos países.
La Cancillería señaló que el Tratado de Límites de 1970 establece que la frontera en el Río Bravo sigue el centro de su cauce normal. Por ello, la ubicación de cada isla debe analizarse conforme a los criterios establecidos en ese acuerdo.
Además, México recordó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es el organismo binacional facultado para aplicar el tratado y determinar de qué lado de la frontera se encuentra cada territorio.
En consecuencia, la declaración del gobierno texano no representa, por sí misma, un cambio en la soberanía territorial ni constituye una resolución definitiva sobre la pertenencia de las islas.
Así, el nuevo reclamo abre otra disputa sobre el control de los territorios fronterizos y las facultades de las autoridades texanas, mientras México insiste en que cualquier determinación debe sujetarse a los mecanismos internacionales acordados por ambas naciones.
