El gobierno de Estados Unidos formalizó este miércoles cargos criminales contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles del grupo de exiliados Hermanos al Rescate ocurrido en 1996, un caso que durante casi tres décadas ha marcado la tensión entre Washington y La Habana.
La acusación fue presentada por fiscales federales estadounidenses en medio del endurecimiento de la política de la administración de Donald Trump contra el gobierno socialista cubano. Los cargos incluyen asesinato, conspiración y destrucción de aeronaves civiles.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Castro —quien actualmente tiene 94 años y en aquel entonces se desempeñaba como ministro de Defensa de Cuba— habría tenido un papel central en la operación militar que terminó con el derribo de las avionetas operadas por la organización de exiliados Hermanos al Rescate, con sede en Miami.
El anuncio fue realizado en Miami por el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, durante una ceremonia en memoria de las cuatro víctimas estadounidenses fallecidas en el incidente.
“Durante casi 30 años, las familias de cuatro estadounidenses asesinados han esperado justicia”, declaró Blanche. “Eran civiles desarmados y estaban volando misiones humanitarias para el rescate y la protección de personas que huían de la opresión a través del estrecho de Florida”.
El funcionario confirmó además que ya fue emitida una orden de arresto contra el exmandatario cubano y advirtió que Washington buscará llevarlo ante la justicia estadounidense.
“Esperamos que se presente aquí, por su propia voluntad o de otra manera”, afirmó Blanche al ser cuestionado sobre el alcance de las acciones legales del gobierno estadounidense.
La acusación revive uno de los episodios más delicados en la relación entre Estados Unidos y Cuba. El derribo de las aeronaves en 1996 provocó una condena internacional y reforzó en aquel momento las sanciones económicas contra la isla.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el gobierno cubano fue advertido en múltiples ocasiones sobre las operaciones de los aviones civiles y que, pese a ello, decidió actuar militarmente. Según el expediente presentado por fiscales federales, la administración estadounidense de entonces también fue alertada “en más de una decena de ocasiones”, aunque presuntamente ignoró las advertencias sobre el riesgo de una escalada.
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El caso adquiere además un fuerte simbolismo político debido a que ocurre en un contexto de renovada confrontación diplomática entre Washington y La Habana, mientras sectores del exilio cubano en Florida presionan para endurecer las medidas contra el régimen cubano.
