El Congreso de Nuevo León abrió el proceso para un juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, acusado de presuntas violaciones graves a la Constitución estatal y a las leyes locales. La medida fue impulsada por las bancadas del PRI y PAN, que desde hace meses mantienen una confrontación abierta con el mandatario.
El enfrentamiento entre García y el Congreso no es nuevo. Desde el inicio de su administración, el gobernador ha mantenido una relación tensa con las bancadas opositoras, especialmente PRI y PAN, en temas como el presupuesto, nombramientos y control de organismos autónomos. Lo preocupante es que la confrontación ha escalado hasta convertir la gobernabilidad en una batalla permanente de desgaste.
El juicio político puede interpretarse de dos maneras simultáneas: como un mecanismo legítimo de rendición de cuentas y como una herramienta de presión política. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. El problema es que, cuando las instituciones se usan como armas partidistas, la ciudadanía deja de distinguir entre justicia y revancha.
Lo más preocupante es el deterioro de las instituciones locales. Nuevo León, uno de los estados económicamente más importantes del país, lleva años atrapado en una lógica de bloqueo mutuo: el Congreso frena iniciativas del Ejecutivo, el gobierno estatal litiga decisiones legislativas y los tribunales terminan resolviendo conflictos que deberían procesarse políticamente.
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Ese choque permanente tiene consecuencias concretas: retrasos presupuestales, parálisis administrativa y una creciente desconfianza ciudadana. Cuando las instituciones se convierten en trincheras partidistas, la legalidad pierde legitimidad y la gobernabilidad se erosiona.
