La justicia dio un nuevo paso en el caso de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Un juez de control vinculó a proceso a Jorge Luis «P», director del plantel, y a Estrellita «M», cuidadora de la institución, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio.
La resolución fue emitida durante la continuación de la audiencia inicial celebrada en el Centro Integral de Justicia de Altamira. Ambos imputados participaron por videoconferencia desde el penal de Altamira, donde permanecen bajo prisión preventiva desde el fin de semana.
Al término de la diligencia, la asesora jurídica de la familia de la víctima, Lizzet Alejandra Flores García, informó que Estrellita «M» fue vinculada como presunta autora material del crimen, mientras que Jorge Luis «P» enfrentará el proceso por presuntas omisiones en los hechos ocurridos el pasado 16 de julio, apenas tres días después de que la menor ingresó al curso de verano de la academia.
El caso suma ya tres personas procesadas. Apenas el martes, una jueza vinculó a proceso a Danna Yanina Cruz Figueroa, instructora auxiliar de 18 años, también por su probable participación en el feminicidio de Dafne.
La muerte de la adolescente provocó indignación nacional luego de que la necropsia estableciera como causa de fallecimiento asfixia por sumersión, mientras la familia denunció que la menor presentaba signos de violencia y presuntos malos tratos sufridos durante su estancia en la academia. La Fiscalía de Tamaulipas investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio.
El caso también detonó una revisión pública sobre el funcionamiento de las llamadas academias militarizadas, luego de que autoridades federales aclararan que estos centros no forman parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pese a la imagen institucional con la que algunas operan. La presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Educación Pública anunciaron revisiones a este tipo de establecimientos tras las denuncias de presuntos abusos y prácticas disciplinarias violentas.
La vinculación a proceso de los directivos representa un avance para la investigación; sin embargo, el caso mantiene abiertas interrogantes sobre los mecanismos de supervisión que permitieron la operación de un centro señalado por exalumnos y familiares por presuntos actos de violencia.
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Mientras el proceso penal avanza, la familia de Dafne continúa exigiendo justicia y cambios legales que impidan que hechos similares vuelvan a repetirse.
