La Fiscalía General de Oaxaca mantiene seis carpetas contra autoridades municipales por posibles nexos con el crimen organizado, reveló el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla este lunes en conferencia.
Las investigaciones abarcan distintas regiones del estado y siguen en integración, mientras la detención del alcalde de Juchitán abrió nuevas líneas ministeriales contra funcionarios municipales en todo Oaxaca.
Sin embargo, la Fiscalía todavía no identifica públicamente a las autoridades investigadas, debido a la secrecía de los expedientes y para evitar afectar actualmente las indagatorias.
Rodríguez Alamilla explicó que los expedientes requieren información técnica, científica, seria y objetiva antes de solicitar órdenes de aprehensión ante un juez competente en su momento.
El fiscal señaló que las investigaciones podrían derivar en nuevas detenciones si los datos obtenidos confirman responsabilidades, pero insistió en respetar el debido proceso judicial y las pruebas.
Operación Sable golpea al Istmo
El anuncio ocurre tras la Operación Sable, investigación desarrollada durante más de once meses en el Istmo, con más de 250 detenidos, según cifras oficiales oaxaqueñas.
Entre los detenidos figura Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán, junto con Carlos Alberto Paz López, alias La Parka, y un excomisionado policial municipal durante el operativo reciente.
La Fiscalía de Oaxaca acusa a los detenidos de extorsión agravada y delitos contra la investigación y seguridad del Estado; un juez impuso prisión preventiva mientras continúa proceso del caso.
Además, la Fiscalía relaciona a Los Cromos con el CJNG y atribuye preliminarmente a esa estructura alrededor del 70 por ciento de 957 homicidios dolosos en el Istmo.
Los Cromos, según la Fiscalía de Oaxaca, operan en Juchitán, Tehuantepec, Salina Cruz, Ixtepec, Espinal, Magdalena Tequisistlán y Unión Hidalgo mediante extorsiones, homicidios y narcomenudeo, extorsión y cobro.
La cifra de 957 homicidios corresponde a un periodo de cuatro años y la relación con Los Cromos constituye una atribución investigativa de la Fiscalía.
Juchitán abre nuevas líneas
La audiencia de Sánchez Altamirano quedó programada para este martes 29 de septiembre, después de que su defensa solicitó ampliar el plazo constitucional para presentar pruebas y aportar pruebas.
El caso mantiene presión sobre autoridades municipales de Oaxaca: seis expedientes permanecen abiertos, mientras la investigación de Juchitán podría generar nuevas acciones ministeriales conforme avance en distintas regiones estatales.
La Fiscalía sostiene que primero debe consolidar evidencias antes de solicitar órdenes judiciales, por lo que las seis investigaciones todavía no implican responsabilidad penal determinada contra funcionarios investigados.
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Así, el caso Juchitán deja de ser un expediente aislado y coloca bajo escrutinio a autoridades municipales de todo Oaxaca, aunque faltan resultados judiciales definitivos.
