La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía durante el gobierno de Rubén Rocha Moya.
El empresario también quedó incluido en la Lista de Personas Bloqueadas, junto con su socio Jorge Armando Lizárraga Angulo y varias empresas.
Además, Velarde recurrió a la justicia federal para impugnar la medida financiera mediante un juicio de amparo, presentado el 25 de agosto.
El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de Ciudad de México se declaró incompetente y envió el expediente a tribunales federales de Sinaloa.
La UIF también alcanzó a seis empresas relacionadas con Velarde y Lizárraga, vinculadas con actividades inmobiliarias, turísticas, restaurante-ras y de construcción.
El bloqueo abre otra presión sobre el entorno de Rocha
Velarde ocupó la Secretaría de Economía de Sinaloa entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, después de desempeñarse en cargos relacionados con Turismo.
Su salida ocurrió tras la desaparición de Carlos Emilio Galván, joven de Durango visto por última vez en un establecimiento de Mazatlán del que Velarde era copropietario.
Sin embargo, el bloqueo financiero actual constituye un asunto distinto y no equivale por sí mismo a una sentencia ni acredita culpabilidad.
Hasta ahora, las autoridades no han hecho público el detalle completo de las operaciones que motivaron la inclusión de Velarde en la lista.
El expediente judicial deberá determinar si la UIF justificó legalmente la medida y si existen elementos suficientes para mantener congelados los recursos.
Velarde vuelve al centro de la polémica
Velarde construyó buena parte de su trayectoria empresarial en Mazatlán, principalmente en los sectores restaurantero, turístico y de entretenimiento.
Ahora, el congelamiento de sus cuentas amplía el alcance de una investigación financiera que también involucra a un socio y sociedades comerciales.
El caso representa otro golpe para el entorno político y empresarial relacionado con Rocha Moya, cuyo gobierno ha enfrentado cuestionamientos y disputas políticas en Sinaloa.
Por lo pronto, Velarde busca recuperar el control de sus recursos mediante los tribunales, mientras la UIF sostiene la medida que colocó su patrimonio bajo vigilancia financiera.
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La batalla jurídica apenas comienza y será en Sinaloa donde los jueces deberán revisar los argumentos de ambas partes.
