Una protesta de estudiantes del Conalep 198 de Huixquilucan, Estado de México, terminó en un operativo policial que derivó en golpes, detenciones y señalamientos de uso excesivo de la fuerza contra menores de edad, generando indignación entre padres de familia, colectivos y defensores de derechos humanos. Diversos videos, sobre el suceso, se han viralizado en redes sociales
Los hechos ocurrieron en el plantel ubicado en la colonia San Juan Bautista, donde estudiantes se manifestaban para exigir la destitución de la directora, Lizbeth Yazmín Vargas González, a quien acusan de negligencia, omisiones administrativas y presuntos actos de violencia laboral dentro de la institución.
Durante la protesta, los alumnos denunciaron falta de atención a situaciones de riesgo dentro del plantel, entre ellas el ingreso de estudiantes bajo los efectos de drogas y la permanencia de un alumno que presuntamente habría agredido a otro con una navaja. En medio de la inconformidad, algunos jóvenes arrojaron parte del mobiliario escolar.
Minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal de Huixquilucan. De acuerdo con testimonios y videos difundidos en redes sociales, los agentes sometieron y golpearon a varios estudiantes. En una de las grabaciones se observa cómo un joven es perseguido, cae al suelo y es rodeado por varios policías que presuntamente le propinan patadas antes de detenerlo. Otro estudiante es golpeado mientras era trasladado por los oficiales.
El video muestra a estudiantes intentando intervenir para evitar las detenciones, mientras testigos denuncian que los procedimientos se realizaron sin protocolos adecuados y con un uso desproporcionado de la fuerza contra adolescentes.
La actuación policial desató una ola de críticas. Organizaciones civiles y padres de familia cuestionaron que, en lugar de privilegiar el diálogo y la protección de los menores, las autoridades respondieran con un despliegue de fuerza que terminó criminalizando una manifestación estudiantil.
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El caso ha colocado bajo escrutinio tanto a la dirección del Conalep 198 como al gobierno municipal de Huixquilucan, mientras crecen las exigencias para esclarecer quién ordenó el operativo y determinar si existió abuso de autoridad contra estudiantes que ejercían su derecho a la protesta.
