Un juez de control vinculó a proceso a Jorge Armando “N” y a siete policías municipales por el homicidio de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, luego de una audiencia que se desarrolló el jueves 27 de noviembre de 2025 y que tuvo una duración de 18 horas. El juez Luis Fernando Díaz Parra también determinó prisión preventiva oficiosa y fijó tres meses para la investigación complementaria.
Según lo expuesto en la audiencia, los siete policías (Escoltas asignados al alcalde) fueron vinculados por homicidio calificado en comisión por omisión. En este punto, el juez señaló que existió omisión en el ejercicio de sus funciones, debido a que no se reforzó la seguridad del presidente municipal pese a las amenazas que recibía y de las cuales algunos elementos tenían conocimiento.
En el caso de Jorge Armando N, identificado por la Fiscalía General del Estado como “El Licenciado», el juez lo señaló como coautor intelectual del ataque. El Ministerio Público presentó datos extraídos de un grupo de mensajería en el que, presuntamente, se coordinaron acciones relacionadas con el homicidio y se delegaron funciones a varias personas.
Los siete escoltas permanecerán en el Centro de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto No. 01, en Charo, Michoacán. Jorge Armando “N” fue trasladado al penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Con datos de prueba objetivos y contundentes aportados por el MP, se vinculó a proceso a Jorge Armando “N” por su probable participación en el homicidio del presidente municipal, Carlos Manzo y lesiones calificadas en agravio del regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo. pic.twitter.com/byDtVlPsnf
— Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) November 27, 2025
Durante la audiencia, la defensa presentó 25 nuevos datos de prueba, entre ellos la declaración de Jorge Armando “N”, quien afirmó que su detención no ocurrió como señaló el Ministerio Público. Declaró que el 18 de noviembre, cuando se dirigía a un partido de fútbol de su hijo, se le privó la libertad por personas encapuchadas entre las calles Revolución y 20 de Noviembre. Aseguró que se le trasladó a la Fiscalía, donde se le amenazó y golpeó.
Relató que durante su estancia bajo custodia se le intimidó con dañar a su familia si no accedía a grabar audios. Su defensa añadió que cuenta con una trayectoria laboral desde 2010. Esto incluyen actividades en construcción civil y mantenimiento eléctrico, así como contratos con la Comisión Federal de Electricidad. También refirió haber trabajado como asesor en la 64 Legislatura Federal, en el Ayuntamiento de Santa Ana Maya y en proyectos de construcción recientes.
El juez ordenó abrir una investigación respecto a los posibles actos de tortura que mencionó el imputado, luego de que la defensa argumentara que su detención debía considerarse ilegal, solicitud que se desestimó por falta de pruebas.
