Veintisiete integrantes de la ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador han obtenido cargos en la administración federal y gobiernos estatales desde 2019, aun sin contar con experiencia acreditada en el área a donde se les designó y en varios casos siendo objeto de señalamientos por deficiencias en su labor.
Entre ellos se encuentra Alberto Becerra Mendoza, que acaba de ser nombrado por el presidente como nuevo titular del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
Antes de ingresar a la ayudantía, Becerra Mendoza fue supervisor de montaje en Hat MKT; maestro en el colegio Tlahuilcalli; y director en una escuela de baile. Después de su paso por el grupo de seguridad del presidente, logró el cargo de titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
Durante su ascenso en la función pública, los ex ayudantes duplicaron sus salarios por encima de los 100 mil pesos mensuales. Once de ellos tienen en común que antes de ingresar a la ayudantía laboraron en los comités de Morena.
Entre las irregularidades que encontramos de los ahora servidores públicos está el caso de Almendra Ortiz Genis, directora de finanzas del ISSSTE quien intervino para contratar a empresas para prestar servicios de imagenología dentro de la Institución, pese a haber sido rechazadas con anterioridad, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)
Así como el de Paloma Aguilar Correa, quien se convirtió en administradora general de recursos y servicios del SAT sin contar con experiencia en temas fiscales. Pero, además, luego de su nombramiento, ha sido señalada por sumar a la Secretaría a seis personas más que, al igual que ella, carecen de conocimientos previos para los cargos que ocupan.
