La relación México–Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y en medio de esa turbulencia, a Roberto Velasco le ha tocado jugar un papel que rebasa, por mucho, la diplomacia protocolaria.
Históricamente, las solicitudes de captura, asistencia jurídica y extradición entre ambos países han transitado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, particularmente a través de su Consultoría Jurídica, en coordinación con la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial.
No se trata de un favor político ni de una concesión ideológica: son mecanismos establecidos en tratados bilaterales y décadas de cooperación judicial.
Por eso resulta particularmente delicado que, frente a las versiones sobre una eventual solicitud estadounidense relacionada con el gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, la respuesta política haya terminado desplazando a la diplomacia profesional.
Al dejar el manejo del tema en manos de Luisa María Alcalde, el gobierno de Claudia Sheinbaum envió una señal equivocada: que la discusión jurídica podía convertirse en una batalla política y mediática.
Y ahí comenzó el problema.
Porque una cosa es defender la soberanía nacional y otra muy distinta desacreditar mecanismos internacionales que México ha utilizado durante décadas.
La cooperación bilateral en materia de extradición ha sido constante en ambos sentidos. Estados Unidos ha entregado a México objetivos criminales relevantes.
México, por su parte, ha extraditado a capos emblemáticos del narcotráfico, funcionarios corruptos y operadores financieros requeridos por cortes estadounidenses.
Basta recordar los casos de Joaquín Guzmán Loera, Édgar Valdez Villarreal o Genaro García Luna —este último procesado en Nueva York tras años de cooperación bilateral en inteligencia y procuración de justicia.
Sin embargo, la narrativa cambia radicalmente cuando las presiones alcanzan a figuras cercanas al oficialismo.
No a cualquier militante de Morena, sino a uno de los personajes más protegidos políticamente por el obradorismo. Andrés Manuel López Obrador llamaba públicamente “hermano” a Rocha Moya. Y en la lógica política de la llamada Cuarta Transformación, los hermanos no se entregan.
El problema es que la política exterior no puede operar bajo códigos de lealtad facciosa.
Por eso resulta preocupante la ligereza con la que desde Palacio Nacional se han desestimado procedimientos internacionales ampliamente conocidos por cualquier especialista en cooperación judicial.
En una solicitud inicial de extradición no necesariamente se presentan públicamente todas las pruebas del caso; buena parte del caudal probatorio se desarrolla durante el proceso judicial ante las cortes del país requirente.
Confundir deliberadamente una solicitud diplomática con una sentencia anticipada sólo contribuye a intoxicar aún más una relación bilateral que ya enfrenta tensiones por seguridad, migración y comercio.
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El fondo del asunto es otro: el gobierno mexicano parece cómodo extraditando criminales… hasta que los requeridos pertenecen al movimiento.
Y esa contradicción puede salir muy cara a México.
