La solicitud de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, escaló la tensión política entre Morena y el gobierno estatal, luego de que legisladores morenistas formalizaron ante la Cámara de Diputados una petición para investigar la actuación de la mandataria en torno al polémico operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde participaron presuntos agentes de la CIA y murieron cuatro personas, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses.
La presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Kenia López Rabadán, confirmó que la Secretaría General de la Cámara recibió el recurso promovido por 11 diputados locales de Morena en Chihuahua, quienes buscan fincar responsabilidades políticas a Campos Galván por posibles irregularidades derivadas del operativo ejecutado en un narcolaboratorio.
Entre los promoventes figuran los legisladores Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, Magdalena Rentería Pérez, Leticia Ortega Maynez, Óscar Daniel Avitia Arellanes, Elizabeth Guzmán Argueta y Brenda Ríos Prieto, entre otros integrantes de la bancada morenista estatal, quienes sostienen que existen elementos suficientes para abrir un proceso político contra la mandataria panista.
El caso ha generado fuertes cuestionamientos debido a la presunta participación de agentes de inteligencia estadounidenses en tareas de seguridad dentro de territorio mexicano, un tema particularmente sensible por las implicaciones de soberanía nacional y la opacidad con la que se habría conducido el operativo.
Tras la intervención en la Sierra del Pinal, murieron en un accidente automovilístico los estadounidenses Richard Leiter Johnston y John Dudley Black, señalados como agentes extranjeros, además de Pedro Román Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, y el agente Manuel Genaro Méndez Montes.
Aunque el gobierno estatal ha evitado profundizar públicamente sobre la naturaleza de la colaboración con autoridades estadounidenses, el episodio abrió una nueva crisis política y judicial para la administración de Maru Campos, ya presionada por el creciente clima de violencia e inseguridad en Chihuahua.
Kenia López explicó que la solicitud todavía debe ser ratificada este viernes para continuar su trámite legislativo. En caso de cumplir con ese requisito, el expediente será turnado a la Subcomisión de Examen Previo, órgano encargado de revisar las solicitudes de juicio político, aunque dicha instancia ni siquiera ha sido formalmente instalada, reflejando el rezago legislativo en mecanismos de control político.
A la presión legislativa se suma la investigación federal encabezada por la Fiscalía General de la República, que el pasado fin de semana envió citatorios a Maru Campos y al exfiscal César Gustavo Jáuregui Moreno para comparecer en torno a las indagatorias por la muerte de los agentes extranjeros.
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El caso amenaza con convertirse en uno de los episodios más delicados para el gobierno chihuahuense, no sólo por las posibles responsabilidades administrativas y políticas, sino por las dudas sobre el alcance de la cooperación de agencias estadounidenses en operaciones de seguridad realizadas en México sin una explicación pública clara.
