El Gobierno de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al imponer sanciones contra más de 50 personas y empresas presuntamente vinculadas con la organización criminal, entre ellas Juan Carlos Valencia González, alias «El Pelón» o «El 03», a quien identifica como el sucesor de Rubén Oseguera Cervantes, «El Mencho», tras su reciente muerte.
La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), representa uno de los mayores golpes financieros emprendidos por Washington contra el CJNG y marca un cambio en la estrategia estadounidense: además de perseguir a los líderes del cártel, ahora busca desmantelar las empresas, operadores y redes económicas que sostienen sus operaciones.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que las sanciones responden a la directriz del presidente Donald Trump de desarticular a los cárteles considerados organizaciones terroristas.
«El Presidente Donald Trump ha dejado claro que los cárteles terroristas serán desmantelados«, afirmó el funcionario.
Golpe a las finanzas del cártel
El Departamento del Tesoro calificó la acción como «la mayor jamás emprendida» contra el CJNG. Las sanciones alcanzan a dirigentes, operadores financieros, empresas y presuntos prestanombres que, según las investigaciones estadounidenses, forman parte de la infraestructura económica utilizada por el grupo criminal.
Washington sostiene que el CJNG no sólo obtiene recursos del tráfico de fentanilo y otras drogas, sino también del lavado de dinero, el fraude, el robo de combustibles, el contrabando de hidrocarburos y el denominado huachicol fiscal, actividades que generan decenas de millones de dólares anualmente y financian tanto su expansión como sus redes de corrupción.
La inclusión del tráfico ilícito de combustibles como una fuente prioritaria de financiamiento refleja un cambio relevante en la política estadounidense, que ahora equipara estas actividades con el narcotráfico como mecanismos esenciales para sostener la operación del cártel.
Congelamiento de activos y aislamiento financiero
Las sanciones fueron emitidas con base en las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, utilizadas por Estados Unidos para combatir el narcotráfico internacional y el financiamiento del terrorismo.
En la práctica, las medidas implican el congelamiento de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibir a ciudadanos y empresas de ese país realizar cualquier transacción con los sancionados. Habitualmente, estas designaciones también derivan en el cierre de cuentas bancarias y en el aislamiento del sistema financiero internacional, debido a que instituciones privadas suelen restringir operaciones con las personas y compañías incluidas en las listas de la OFAC.
La operación fue coordinada por el Departamento del Tesoro con el FBI, la DEA, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
Nueva fase de la estrategia contra el CJNG
Las sanciones consolidan el uso de las facultades derivadas de la designación del CJNG como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), figuras que permiten al Gobierno estadounidense perseguir no sólo a integrantes del cártel, sino también a empresarios, compañías, operadores logísticos y facilitadores financieros que presuntamente contribuyen a mantener su estructura criminal.
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La decisión confirma que la estrategia de Washington ha evolucionado de una política centrada en decomisos y capturas hacia una ofensiva integral para cortar las fuentes de financiamiento de uno de los grupos criminales más poderosos de México, con especial énfasis en el combate al huachicol fiscal y al contrabando de combustibles, actividades que Estados Unidos considera hoy un pilar económico del CJNG.
