El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, salió del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn después de permanecer alrededor de tres meses bajo custodia federal, mientras avanza una negociación con autoridades de Estados Unidos relacionada con los cargos que enfrenta por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con registros del Buró Federal de Prisiones, Gerardo Mérida Sánchez dejó ese centro penitenciario el 11 de agosto y, hasta ahora, no aparece ingresado en otra prisión federal. Sin embargo, su salida no implica necesariamente que haya quedado en libertad.
OJO con la info imprecisa:
— Ghaleb Krame, Ph.D. (@GhalebKrame) August 17, 2026
➡️Gerardo Mérida (BOP 62685-512) ya no está bajo custodia de la BOP desde el 11 de agosto de 2026.
➡️Salió de Brooklyn, pero no significa que esté libre. Fuentes confirman que negocia para ser testigo colaborador. Decir que “lo liberaron” es… pic.twitter.com/kgfphJMXw6
En ese contexto, la audiencia de seguimiento que había sido programada para el 4 de agosto por la jueza Katherine Polk Failla fue aplazada por tiempo indefinido.
Según información judicial citada por un medio nacional, el movimiento ocurre mientras la defensa y los fiscales estadounidenses negocian las condiciones del proceso.
Asimismo, una de las posibilidades que se analiza es que Gerardo Mérida Sánchez se encuentre bajo una modalidad de custodia distinta a la penitenciaria mientras coopera con las autoridades.
No obstante, hasta el momento no existe confirmación pública de que haya sido incorporado formalmente a un programa de testigos colaboradores, por lo que esa versión debe manejarse con cautela.
La eventual cooperación adquiere relevancia debido a la acusación presentada por fiscales del Distrito Sur de Nueva York contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. El expediente los señala, entre otros delitos, por una presunta conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos.
En particular, la acusación sostiene que Gerardo Mérida Sánchez habría recibido sobornos de integrantes de Los Chapitos y que, a cambio, habría proporcionado información sobre operativos antidrogas y permitido que integrantes de esa facción criminal evitaran acciones de las autoridades. El exfuncionario, sin embargo, se declaró no culpable ante una corte federal de Nueva York.
Por otra parte, Mérida Sánchez no es el único exfuncionario sinaloense que enfrenta el proceso en Estados Unidos. Enrique Díaz Vega, quien fue secretario de Administración y Finanzas durante el gobierno de Rocha Moya, también se entregó a las autoridades estadounidenses en mayo y, según reportes de entonces, buscaba negociar su situación jurídica.
De hecho, ambos casos representan una presión adicional para el grupo de funcionarios señalados por Washington. La acusación estadounidense incluye a Rocha Moya, Díaz Vega, Mérida Sánchez, el senador Enrique Inzunza Cázares, el alcalde con licencia de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y otros servidores públicos y exmandos policiales.
Además, el expediente contra estos funcionarios se conecta con investigaciones más amplias del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el Cártel de Sinaloa y Los Chapitos, particularmente por el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense.
Mientras tanto, la defensa de Mérida Sánchez quedó en manos de Sarah Rebecca Krissoff, abogada con experiencia como fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York y especializada en procesos de negociación de culpabilidad.
Así, la salida del general retirado de la prisión de Brooklyn abre una nueva etapa en un caso que podría tener consecuencias más amplias que las estrictamente judiciales. Si Mérida Sánchez efectivamente coopera con los fiscales estadounidenses, la información que proporcione podría convertirse en un elemento relevante para el resto de los acusados.
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Por ahora, no obstante, no puede considerarse que Mérida Sánchez esté libre ni que haya alcanzado un acuerdo definitivo con Estados Unidos. Su salida del centro penitenciario únicamente confirma un cambio en su situación de custodia, mientras las autoridades judiciales mantienen bajo reserva los detalles de las negociaciones.
