La Fiscalía General de la República (FGR) reconoció que las acusaciones presentadas por Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aún no tienen sustento suficiente para prosperar ante la justicia mexicana, pese a la presión de Washington para lograr su captura con fines de extradición.
En una admisión que contrasta con la gravedad de los señalamientos formulados por fiscales estadounidenses, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), David Boone de la Garza, confirmó que la investigación permanece abierta, pero carece del estándar probatorio que exige el sistema penal mexicano.
«Con base en lo señalado en esta solicitud, no ha habido pruebas… conforme al parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano«, sostuvo el funcionario, al señalar que la FGR ha agotado entrevistas ministeriales, solicitado informes y continúa reuniendo elementos de prueba.
El reconocimiento exhibe un desfase entre la ofensiva judicial emprendida por Estados Unidos y la capacidad de las autoridades mexicanas para sostener esas imputaciones ante un juez. Aunque Washington solicitó la detención provisional de Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses con fines de extradición, la FGR dejó claro que no habrá entregas aceleradas ni procedimientos extraordinarios sin evidencia suficiente.
Boone explicó que México solicitó a las autoridades estadounidenses justificar la urgencia de las órdenes de captura, por lo que el proceso seguirá el cauce previsto en la Ley de Extradición Internacional y no mediante mecanismos excepcionales.
Otro dato que llamó la atención fue que la investigación federal no incluye delitos financieros. Es decir, la FGR no revisa el origen o destino de los recursos económicos de los señalados, pese a que la propia institución, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), promovió el congelamiento de sus cuentas bancarias.
Mientras la Fiscalía admitía las limitaciones de su expediente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) elevó el tono diplomático al hacer públicos documentos en los que reclama al gobierno de Estados Unidos por revelar anticipadamente los nombres y las acusaciones contra los funcionarios mexicanos.
En un oficio enviado a la embajada estadounidense, la Cancillería expresó su «preocupación» por la difusión de los cargos realizada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, al advertir que esa decisión vulnera el debido proceso y contradice la solicitud de confidencialidad que previamente había formulado el propio gobierno estadounidense durante el trámite de extradición.
La ficha difundida por la SRE revela que Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y otros siete funcionarios enfrentan acusaciones por conspiración para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de posesión de armamento de uso militar. Uno de los imputados, Juan Valenzuela Millán, también enfrenta cargos por secuestro con resultado de muerte. La dependencia mexicana subrayó que se trata de imputaciones que aún no constituyen una condena.
En su posicionamiento oficial, la SRE reiteró que la cooperación con Estados Unidos continuará, pero insistió en que ninguna solicitud de extradición sustituye las obligaciones constitucionales del Estado mexicano ni exime a las autoridades estadounidenses de aportar pruebas suficientes para respaldar sus acusaciones.
Por instrucciones de la presidenta @Claudiashein y en atención a las solicitudes de acceso a información relacionadas con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos, la @SRE_mx transparentará dicha información, con excepción de…
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 8, 2026
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El episodio vuelve a poner en evidencia las tensiones que atraviesa la cooperación bilateral en materia de seguridad.
Mientras Washington acelera procesos judiciales y exhibe públicamente a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico, la FGR sostiene que los expedientes enviados hasta ahora no cumplen con los requisitos legales para proceder en México.
El resultado es un caso que, más allá del impacto político, expone las diferencias entre ambos sistemas de justicia y deja abiertas las dudas sobre la solidez de las acusaciones y la coordinación entre los dos gobiernos.
