Rubén Rocha Moya regresó este viernes 21 de agosto a la gubernatura de Sinaloa, luego de permanecer 112 días separado temporalmente del cargo.
Su reincorporación ocurre después de un periodo marcado por acusaciones de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico, señalamientos que el mandatario ha rechazado de manera categórica.
A las y los sinaloenses:
— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) August 21, 2026
A las y los mexicanos:
El día de hoy he retomado el ejercicio de mi cargo de Gobernador
Constitucional del Estado Sinaloa.
Es mi deber cumplir con el mandato de las y los sinaloenses, quienes me eligieron como titular del Poder Ejecutivo para gobernar…
El gobernador solicitó licencia al Congreso de Sinaloa el pasado 1 de mayo, argumentando que buscaba ponerse a disposición de las autoridades mexicanas y facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante ese periodo, Rocha Moya sostuvo que las acusaciones en su contra carecían de fundamento y que se trataba de señalamientos con motivaciones políticas.
Ahora, Rocha Moya asegura que regresa “con la frente limpia y en alto” y con el argumento de que la investigación de la FGR no encontró elementos suficientes para acreditar su participación en alguna conducta penal. Con ello, pretende cerrar un episodio que, sin embargo, difícilmente puede considerarse políticamente resuelto.
Un regreso legal, pero políticamente incómodo
Más allá de la conclusión de las investigaciones mexicanas, el regreso de Rocha Moya deja una pregunta inevitable: ¿es suficiente que no existan elementos para procesarlo penalmente en México para que desaparezcan las dudas políticas sobre su administración?
La respuesta no es sencilla.
El gobierno estadounidense ha sostenido acusaciones mucho más graves. Reuters reportó que una acusación emitida en abril vinculó a Rocha Moya y a otros funcionarios y exfuncionarios con una presunta colaboración con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa para facilitar actividades de narcotráfico a cambio de sobornos y respaldo político.
Rocha ha negado esas acusaciones y México no ha procedido a su extradición, al considerar insuficientes las pruebas disponibles.
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Por ello, el regreso del mandatario puede ser jurídicamente válido, pero políticamente representa un desafío para un gobierno estatal que enfrenta una profunda crisis de confianza.
