En una sesión maratónica de más de 15 horas y entre acusaciones de “trampas” y violaciones a la Constitución, la mayoría de los diputados de Morena y aliados aprobaron modificaciones de última hora a la reforma del Poder Judicial, incluyendo una disposición que permitirá la reelección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La reforma fue avalada en lo particular por 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones. Sin embargo, el punto que detonó mayor controversia fue una reserva presentada sorpresivamente por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien propuso que los magistrados electorales actualmente en funciones puedan competir nuevamente en la elección federal de 2028.
#AlMomento | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprueba, en lo general y en lo particular, el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de reforma al #PoderJudicial. pic.twitter.com/j4rPMAuKwD
— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) May 28, 2026
La modificación abre la posibilidad de que los actuales integrantes de la Sala Superior permanezcan en el cargo hasta 2034, acumulando hasta 17 años dentro del máximo tribunal electoral del país.
Los magistrados fueron designados originalmente por el Senado en 2016 para un periodo de nueve años, el cual concluía en 2025. Posteriormente, la reforma judicial amplió su permanencia un año más para supervisar la elección judicial. Ahora, con el aplazamiento de dicho proceso hasta 2028, sus funciones también se extienden, y la nueva posibilidad de reelección les permitiría sumar otros seis años adicionales.
La oposición y parte de la propia bancada oficialista denunciaron que la medida contradice abiertamente el discurso de Morena contra la permanencia prolongada en el poder y vulnera el texto constitucional.
El vicecoordinador morenista Alfonso Ramírez Cuéllar fue uno de los más duros críticos de la propuesta impulsada por sus compañeros de partido. Desde tribuna afirmó que la reserva “viola la Constitución” y acusó que la reforma judicial comenzó a modificarse incluso antes de consolidarse plenamente.
“Aún no se ha secado la tinta de la reforma constitucional y ya quieren restaurar la reelección”, reprochó.
Ramírez Cuéllar recordó que el artículo 99 de la Constitución establece que los magistrados electorales durarán seis años “improrrogables” en el cargo, por lo que consideró que la modificación contradice directamente la Carta Magna.
El legislador sostuvo además que el objetivo original de la reforma judicial era terminar con las “castas” enquistadas en el Poder Judicial y garantizar la renovación institucional, no ampliar la permanencia de funcionarios de alto nivel.
Pese a las objeciones, la mayoría parlamentaria aprobó la reserva mediante votación económica. Ramírez Cuéllar solicitó que el tema fuera votado por separado debido a su relevancia constitucional, pero la petición fue rechazada por el pleno, encabezado por la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Kenia López Rabadán. La oposición reclamó que el procedimiento se realizó de manera atropellada y sin discusión suficiente.
Además de la polémica reelección de magistrados, Morena y sus aliados aprobaron otros cambios relevantes a la reforma judicial.
Entre ellos, destaca una propuesta del coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, para modificar el artículo 35 constitucional y establecer que la consulta de Revocación de Mandato se realice el primer domingo de junio del cuarto año presidencial, evitando que coincida con elecciones federales.
También se aprobó una reserva impulsada por el diputado morenista Leonel Godoy para permitir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcione en dos secciones, siempre con autorización del Pleno.
Otro ajuste modifica el artículo 97 constitucional para establecer que los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito electos en 2028 permanezcan ocho años en el cargo y no nueve, como contemplaba originalmente la Constitución.
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La aprobación de estos cambios reavivó las críticas de la oposición y de especialistas que advierten que la reforma judicial, presentada por Morena como un mecanismo de democratización, avanza mediante modificaciones aceleradas y decisiones de última hora que generan dudas sobre su legalidad y sobre la concentración de poder político en órganos clave del sistema judicial y electoral mexicano.
