La primera subasta de las motocicletas decomisadas a Ryan James Wedding, conocido como el «Chapo canadiense», dejó una recaudación millonaria para el Gobierno mexicano.
🚨La UIF confirma que permitirá a Rubén Rocha Moya acceder parcialmente a sus recursos. La Secretaría de Hacienda informó que un tribunal concedió una suspensión provisional para que el exfuncionario pueda disponer únicamente de sus pensiones del ISSSTE, IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa. La medida no implica el desbloqueo total de sus cuentas bancarias. 📃 vía @arturoangel20
— Azucena Uresti (@azucenau) November 13, 2026
El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) logró vender 57 de las 62 motocicletas de colección, obteniendo aproximadamente 68 millones de pesos.
La cifra puede presentarse como un triunfo financiero para las autoridades, pero también abre una discusión que no debería quedarse únicamente en el monto recaudado: ¿qué tan transparente será el manejo de esos recursos y qué garantías existen de que realmente se traduzcan en beneficios para la población?
Las motocicletas, algunas de ellas auténticas piezas de colección y prototipos de competencia, formaban parte de los bienes asegurados al exatleta olímpico canadiense, acusado por autoridades estadounidenses de encabezar una organización internacional de tráfico de cocaína vinculada al Cártel de Sinaloa.
El Gobierno mexicano decidió convertir esos bienes en recursos públicos mediante una subasta organizada por el INDEP. De acuerdo con lo anunciado por el organismo, el dinero será destinado al Gabinete Social de la Presidencia para financiar proyectos comunitarios y programas de atención social, entre ellos apoyos a comunidades indígenas y a las viudas de Pasta de Conchos.
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Sin embargo, no basta con anunciar que el dinero será destinado al pueblo. Es indispensable que las autoridades informen cuánto se recaudó, cuánto ingresó efectivamente a las arcas públicas, cómo se distribuirá y cuáles serán los proyectos concretos que recibirán esos recursos.
