Lo que inicialmente fue presentado como un aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de combustible en Guanajuato ahora se encuentra bajo revisión de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que se detectaran anomalías en el procedimiento y fuera separado de su cargo el delegado de la dependencia en el estado, Juan Francisco Vera Ayala.
El operativo se realizó en una terminal ubicada en San José Iturbide y fue informado públicamente el pasado 17 de septiembre.
Sin embargo, las autoridades reconocieron posteriormente que la intervención había ocurrido alrededor de dos semanas antes y que, todavía no se había verificado de manera completa la documentación relacionada con el combustible.
La situación generó cuestionamientos sobre la forma en que se presentó el llamado “mega decomiso”, particularmente porque hasta ahora no existe una determinación definitiva de que los 59 millones de litros correspondan a combustible ilegal o a “huachicol fiscal”.
De hecho, la propia FGR señaló que todo apunta a que el combustible asegurado no sería huachicol fiscal, mientras que la empresa involucrada, Grupo SIMSA, afirmó contar con documentación y permisos para almacenar los hidrocarburos.
Ante las inconsistencias detectadas, el caso fue atraído por áreas especializadas de la FGR, entre ellas la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que deberá revisar la documentación presentada por las empresas y determinar si existió alguna conducta ilícita.
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El caso también pone bajo la lupa los mecanismos de verificación utilizados antes de hacer públicos grandes aseguramientos, pues la diferencia entre un decomiso confirmado y un aseguramiento sujeto a investigación resulta relevante en la actuación de las autoridades.
