Dos personas fueron quemadas vivas en Las Tacitas, Ocosingo, Chiapas, tras ser retenidas por pobladores que las acusaron presuntamente de practicar brujería, según reportes oficiales.
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por doble homicidio calificado, mientras autoridades indagan quiénes participaron en el ataque ocurrido la noche del martes, 22 de septiembre.
Sin embargo, la acusación de brujería no constituye un hecho acreditado y ninguna autoridad ha confirmado que las víctimas practicaran esas actividades como causa del linchamiento.
Reportes indican que habitantes retuvieron a la pareja, la llevaron al domo comunitario, la golpearon, rociaron gasolina y posteriormente le prendieron fuego frente pobladores.
En un video difundido en redes sociales se observa cómo los lugareños retuvieron a la pareja, le rociaron gasolina y le prendieron fuego en la cancha de una escuela de Las Tacitas, comunidad ubicada a más de 80 kilómetros de la cabecera municipal de Ocosingo.
La Fiscalía de Justicia Indígena mantiene comunicación con familiares y realiza diligencias para esclarecer el doble homicidio, identificar responsables y determinar las circunstancias.
B@rb@ri3 en Ocosingo, Chiapas pr3nd3n fu3go a p@reja por presuntas pr@cticas de bruj3ri@, fiscalía investiga el caso. pic.twitter.com/ptWJ8ICqkl
— Gabo Comunica (@Gabriel83942202) September 24, 2026
Otro joven apareció calcinado
Un día antes, autoridades localizaron el cuerpo calcinado de Hugo Pérez, de 19 años, en un camino del paraje Ch’ilim Jobeltik, San Juan Chamula, Chiapas.
Familiares identificaron al joven como vecino del barrio Yalcobé, en la cabecera municipal, y exigieron investigar el homicidio para localizar a quienes resulten responsables.
Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente el móvil del crimen ni confirmado alguna relación entre ese caso y el linchamiento ocurrido posteriormente.
Los dos hechos dejaron tres personas calcinadas en apenas dos días, aunque corresponden a investigaciones distintas y todavía no existe evidencia pública que permita vincularlos.
La violencia por propia mano vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad institucional para prevenir agresiones colectivas y garantizar investigaciones dentro del marco legal.
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Los sistemas normativos indígenas cuentan con reconocimiento constitucional; sin embargo, ese reconocimiento no convierte en legales los homicidios ni elimina la obligación estatal de investigar.
