La captura de Justo Aurelio Rivera Parrazales, señalado por el Gobierno federal como presunto operador financiero del Cártel del Noreste (CDN), puso bajo la lupa una serie de contratos millonarios otorgados por la administración del entonces gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, a una empresa que él mismo fundó y dirigió durante varios años.
De acuerdo con una investigación publicada por El Universal, basada en documentos del Registro Público de Comercio, expedientes de licitación y reportes oficiales de autoridades federales, la empresa Inmedicen, S.A. de C.V. obtuvo contratos por más de 23 millones de pesos de la Secretaría de Salud de Hidalgo entre 2019 y 2020 para suministrar equipo médico a hospitales públicos de la entidad, en ese entonces Omar Fayad era el gobernador de Hidalgo.
Rivera Parrazales fue detenido el fin de semana en Mérida, Yucatán, durante un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de Marina. Las autoridades lo identifican como presunto responsable de operar una red de lavado de dinero para el Cártel del Noreste, organización criminal con presencia en el noreste del país.
Durante los cateos fueron asegurados vehículos de lujo, armas de fuego, dosis de metanfetamina, dinero en efectivo y diversos bienes cuyo valor conjunto ronda los 145 millones de pesos, según información difundida por el Gabinete de Seguridad.
La inteligencia naval y el trabajo interinstitucional permitieron ejecutar cuatro cateos simultáneos en Mérida, Yucatán, donde fue detenido un presunto operador financiero de un grupo delictivo. Además, se aseguraron 15 vehículos de alta gama y diversos bienes valuados en más de… pic.twitter.com/S6mdFJg5yn
— SEMAR México (@SEMAR_mx) July 19, 2026
Los registros oficiales consultados muestran que el primer contrato con Inmedicen fue firmado en febrero de 2019 mediante licitación pública por 255 mil 200 pesos, para la adquisición de equipo médico y de laboratorio destinado al Hospital Integral de Zimapán.
Sin embargo, el contrato de mayor monto llegó diez meses después. En diciembre de 2019, la Secretaría de Salud adjudicó a la compañía un convenio por 21 millones 71 mil 632 pesos para equipar hospitales de Tula, Ixmiquilpan, Huichapan, Actopan, Pachuca y otros municipios hidalguenses.
Posteriormente, en julio de 2020, en plena emergencia por COVID-19, la dependencia autorizó dos adjudicaciones directas por alrededor de 1.27 millones de pesos para el suministro de equipo destinado al Hospital Inflable de Actopan, utilizando el esquema excepcional permitido durante la contingencia sanitaria.
La investigación refiere que Rivera Parrazales constituyó Inmedicen en Chiapas en 2015 y fungió como administrador único y representante legal hasta 2019, año en que formalizó su salida de algunos cargos corporativos. No obstante, la empresa continuó obteniendo contratos públicos y ya había participado en licitaciones relevantes de la Secretaría de Salud de Hidalgo desde 2018.
Hasta ahora, ninguna autoridad ha señalado que las contrataciones realizadas durante el gobierno de Omar Fayad fueran ilegales ni existe una investigación que vincule al exmandatario o a exfuncionarios de su administración con las actividades delictivas atribuidas a Rivera Parrazales.
Sin embargo, el caso vuelve a exhibir una de las principales debilidades de las compras gubernamentales en México: los mecanismos de revisión de antecedentes de proveedores suelen limitarse al cumplimiento administrativo y fiscal, sin detectar posibles vínculos posteriores o estructuras financieras relacionadas con el crimen organizado.
La revelación adquiere mayor relevancia porque los recursos públicos fueron destinados al sector salud, incluida la adquisición de equipo durante la pandemia, un periodo marcado por contrataciones de emergencia que, en distintos estados del país, derivaron en observaciones de auditorías y cuestionamientos sobre la transparencia del gasto.
Más allá de la responsabilidad penal que deberá determinar un juez en el caso de Rivera Parrazales, la investigación abre interrogantes sobre la eficacia de los controles institucionales para impedir que empresas con propietarios o directivos posteriormente señalados por delincuencia organizada administraran millones de pesos del erario.
El caso no acredita, por sí mismo, que existiera complicidad entre funcionarios estatales y la organización criminal; pero sí evidencia cómo las deficiencias en los sistemas de vigilancia y debida diligencia pueden permitir que recursos públicos terminen en manos de empresas cuyos propietarios, años después, son identificados por las autoridades como presuntos operadores financieros del narcotráfico.
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Esa circunstancia vuelve indispensable una revisión de los procesos de contratación, especialmente en sectores estratégicos como la salud, donde la transparencia no solo implica el uso correcto del dinero público, sino también la confianza en las instituciones.
