La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este jueves al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, en un caso que vuelve a colocar el combate al llamado huachicol fiscal en el centro de la agenda de seguridad.
La captura de Ernesto Guillermo Ruffo Appel fue realizada en Ensenada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en cumplimiento de una orden de aprehensión obtenida por la FGR como resultado de una investigación de alta complejidad sobre presuntas operaciones de contrabando de hidrocarburos vinculadas con una empresa fundada por el exmandatario panista.
Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los… pic.twitter.com/gXDM7l36qq
— FGR México (@FGRMexico) July 16, 2026
En un comunicado, la Fiscalía informó que las indagatorias permitieron solicitar la orden judicial por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando, sin revelar, por el momento, el monto del presunto daño económico ni el periodo en que habrían ocurrido las operaciones ilícitas.
Ernesto Ruffo Appel hizo historia al convertirse en 1989 en el primer gobernador de oposición en México tras derrotar al PRI en Baja California, un hecho considerado el inicio de la transición democrática en el país. Más de tres décadas después, enfrenta una de las acusaciones más graves contra un exmandatario estatal por presuntos vínculos con redes de tráfico ilegal de combustibles.
El caso adquiere relevancia en medio de la ofensiva federal contra el huachicol fiscal, un esquema mediante el cual combustibles son importados o comercializados de forma irregular para evadir impuestos o introducir hidrocarburos de manera ilegal al país. En los últimos meses, las autoridades federales han incrementado aseguramientos de millones de litros de combustible, cateos y procesos penales contra presuntas redes dedicadas a este delito.
La detención de Ruffo representa un golpe político por tratarse de una figura emblemática del Partido Acción Nacional (PAN), pero también coloca bajo escrutinio la capacidad de las autoridades para demostrar judicialmente las acusaciones. Hasta el momento, la FGR no ha informado sobre la fecha en que el exgobernador será presentado ante un juez de control para la audiencia inicial, donde se determinará su situación jurídica.
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El caso se suma a la creciente lista de investigaciones por contrabando de combustibles, un negocio ilícito que, de acuerdo con las autoridades, genera pérdidas millonarias al erario y fortalece las finanzas de organizaciones criminales, convirtiéndose en uno de los principales desafíos para la seguridad y la recaudación fiscal en México.
