De acuerdo a la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la iniciativa para regular las redes sociales, propuesta por el senador Ricardo Monreal, tiene claras implicaciones y riesgos significativos en la libertad de expresión y acceso a la información, y va en contra de lo establecido en el T-MEC.
“Manifestamos nuestro firme compromiso de participar en un diálogo abierto, coincidente con el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión”.
De acuerdo con la asociación, las redes sociales que se ofrecen en internet están sujetas a ser controlados por un organismo público, el cual sería el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Por lo tanto, de aprobarse la propuesta del senador Monreal, se pondría en riesgo la propia naturaleza descentralizada y abierta de la red, al tratar con un carácter nacional un fenómeno global y transjurisdiccional, al mismo tiempo que desincentiva la innovación al imponer barreras de entrada.
“El proyecto de ley tendría claras implicaciones y riesgos significativos en la libertad de expresión, acceso a la información y procuración de justicia opuestos a los buscados. Lo anterior aunado a que no es facultad del regulador de telecomunicaciones decidir en materia de libertad de expresión”, aseguró la ALAI.
Asimismo, se destaca en el comunicado, la necesidad de obtener una autorización en México para la operación de las denominadas como “redes sociales relevantes” atenta contra lo establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia de trato nacional.
Aunado a lo anteterior, pone barreras injustificadas al comercio digital que no son requeridas en Estados Unidos, ni en Canadá, lo que genera incertidumbre jurídica y limita el flujo transfronterizo de datos.
Por ende la ALAI considera que esta regulación tendría impactos negativos sobre el desarrollo digital de México como vehículo para la recuperación económica, el desarrollo humano y social, dadas las barreras para usar libremente las redes sociales como medio de difusión de productos, servicios y diversas causas sociales.
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Finalmente destaca que la erosión de las medidas técnicas y humanas que ya toman las plataformas para proteger la legalidad y la integridad en las redes sociales afectarían desproporcionadamente a los usuarios, emprendedores y negocios en México, incluyendo los sectores más vulnerables.
“La premisa de la que parte la iniciativa no es garantista, dado que crea todo un entramado legal para restituir cuentas canceladas de una red social determinada, a personas que han infringido las Normas Comunitarias de manera reiterada”, apuntó la Asociación Latinoamericana de Internet.
