El Instituto Nacional Electoral (INE) promovió la demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el recorte de cuatro mil 913 millones de pesos para 2022.
El INE enfatizó que el recorte presupuestal careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal e impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral.
Asimismo, indicó ante la realización de la revocación de mandato que, en caso de ser solicitado por la ciudadanía, requiere de tres mil 830 millones de pesos para llevarse a cabo, mismos que fueron solicitados presupuestalmente a la Cámara de Diputados.
“Así, con el recorte, la Cámara de Diputados dejó sin fondos al INE para cumplir a cabalidad con esa obligación expresamente señalada en la Carta Magna”, expuso el organismo electoral a través de un comunicado.
El INE destacó que en la elaboración de su presupuesto para 2022 incluyó un monto como presupuesto precautorio, tanto para la realización de una eventual revocación de mandato como de una nueva consulta popular.
Explicó que al no contar con dicho presupuesto, el Instituto no está en condiciones de cumplir sus funciones tal y como lo mandata la Constitución y la ley, además de que se violan sus garantías institucionales y con ello el ejercicio de los derechos humanos político-electorales de la ciudadanía.
