Ana Gabriela Guevara se está dando topes de cabeza, pues nunca se imaginó que la administración pública también exige esfuerzo y concentración, pero no con una preparación para competir por una carrera de velocidad.
La campeona mundial de atletismo y medallista olímpica en 2004, desde que aceptó la titularidad en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ha sido señalada de corrupción, influyentismo, simulación de licitación, falsificación de documentos, entre otras arbitrariedades, de las que no se ha podido escapar.
Bajo su cargo pesan investigaciones, quejas de atletas en su contra y hasta acusaciones de atentados son algunos de los escándalos en los que ha estado envuelta.
Pero esto no es nuevo, pues desde que se enroló como funcionaria pública se ha visto envuelta en polémica.
Cabe recordar que después de asumir la titularidad del Instituto del Deporte de la Ciudad de México en 2008 pidió una licencia para ir a los Juegos Olímpicos de Beijing, en los que trabajó en la cadena ESPN.
Por otro lado, cabe mencionar que los estatutos de la Conade tuvieren que modificarse para que Ana Guevara pudiera asumir el cargo, ya que este requería como grado mínimo la licenciatura y ella solo terminó la preparatoria.
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En este mismo tenor, es importante recordar que la subcampeona mundial de clavados de altura, Adriana Jiménez, fue la primera deportista en denuncia a Ana Guevara de retrasar los pagos de las becas.
El 2 de junio de 2019 la clavadista denunció a que le debían tres meses de su beca, pero que también había otros atletas, médicos y entrenadores que no habían recibido sus apoyos económicos.
Pero por si fuera poco, hasta las instituciones de la 4T la han señalado de fraude. Cabe señalar que la secretaría de la Función Pública (SFP) en 2020 dio a conocer un desfalco de 50.8 millones de pesos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
También en 2020, los empresarios veracruzanos, Rafael Sánchez Cano y Jesús Chaín Oceguera, la denunciaron ante la Fiscalía General de la República, por intento de homicidio, pero previamente había sido de fraude y de extorsión por parte de los empresarios.
