Por el caso Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que ha asegurado, hasta el momento, 60 inmuebles. La mayoría pertenece a exservidores públicos de la demarcación.
Ulises Lara, vocero de la fiscalía estas propiedades, entre predios, casas y departamentos, nueve están directamente relacionados a la información que proporcionó Dionisio González, desarrollador inmobiliario de City Towers.
“Estos nueve inmuebles a los que hacemos referencia están ubicados en la calle Riff, en la colonia Santa Cruz Atoyac; en la calle José María Rico, y en los complejos City Towers, y de los cuales se advierte que fueron adquiridos por personas físicas y morales, de quienes el incremento de su patrimonio se encuentra posiblemente injustificado”, manifestó.
Lara López detalló que algunos de estos 60 inmuebles, se encontraban en arrendamiento o comodato, y eran ocupados por terceras personas, mismas a las que se les han respetado sus derechos.
“La gran mayoría de los inmuebles estaban sujetos a la propiedad de quienes se desempeñaban como directores generales en la alcaldía Benito Juárez (Obras y Desarrollo Urbano y Jurídico y de Gobierno); sus familiares y empresas relacionadas a dichas personas, incluyendo servidores públicos”, apuntó.
Es decir, que algunos de los exservidores públicos de la alcaldía Benito Juárez propietarios de estos inmuebles son; Nicias René Aridjis, Víctor Manuel Mendoza Acevedo y Emilio Sordo Zabay, entre otros ex funcionarios de alto nivel de la demarcación.
Lara López resaltó que a partir de estudios periciales de contabilidad, se detectó la posible comisión de diversos delitos financieros, debido a que a una se le descubrió un incremento en su patrimonio hasta por 300 millones de pesos.
También lee: Recibe Delfina Gómez propuestas de la sociedad civil mexiquense en Diálogo Ciudadano
“Estos recursos pueden ser considerados de procedencia ilícita. Como parte de esta serie de hallazgos se ha dado vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Procuraduría Fiscal de la Federación y, en su debido tiempo, a la Fiscalía General de la República al tratarse de posibles delitos del orden federal.
Ulises Lara agregó que las técnicas de investigación y diligencias de cateo han sido realizadas conforme a derecho y debidamente autorizadas por el órgano jurisdiccional.
