En la política mexicana hay cifras que incomodan. No porque sean nuevas, sino porque, cuando se pronuncian en voz alta, obligan a mirar de frente una realidad que durante años ha preferido caminar en silencio.
Esta semana, desde la tribuna más visible del país —la conferencia matutina presidencial—, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puso sobre la mesa un dato que inevitablemente sacude el tablero político de Hidalgo: cada diputado local representa un costo anual de más de 11 millones de pesos.
La cifra, presentada como parte del llamado “Plan B” electoral, no es menor. Si se multiplica por los 30 integrantes del Congreso hidalguense, el resultado es un presupuesto de 331 millones de pesos para el Poder Legislativo en 2026.
En números fríos, la democracia cuesta.
Pero en la política real, la pregunta es otra: ¿cuánto valor genera ese gasto para la sociedad?
El dilema de la representación
En un estado con poco más de 3 millones de habitantes, la discusión no es solamente contable. Es profundamente política.
Porque el Congreso local no existe únicamente para legislar. Su razón de ser es representar, vigilar, debatir y corregir el rumbo del poder público. En teoría, cada diputada o diputado es la voz de miles de hidalguenses que esperan leyes más justas, presupuestos más equilibrados y una vigilancia real sobre el uso del dinero público.
Pero la percepción social suele ser distinta.
Para muchos ciudadanos, el Congreso sigue siendo una institución distante, atrapada entre el ritual legislativo, los acuerdos partidistas y una productividad parlamentaria que rara vez se traduce en transformaciones tangibles para la vida cotidiana.
Ahí es donde la cifra de 11 millones de pesos por legislador deja de ser un dato técnico para convertirse en una pregunta incómoda.
¿Privilegio o costo institucional?
La presidenta Sheinbaum fue clara al precisar que ese monto no corresponde al salario directo de los diputados, sino al funcionamiento integral del Congreso: personal, mantenimiento, servicios, infraestructura y operación administrativa.
Es decir, el costo de sostener una institución.
Sin embargo, en tiempos donde el discurso político nacional gira alrededor de la austeridad republicana y el combate a los privilegios, cualquier cifra elevada inevitablemente se convierte en materia de escrutinio público.
Y es aquí donde el caso de Hidalgo adquiere una dimensión particular.
Porque el estado vive un proceso político distinto al de hace apenas unos años. El gobierno encabezado por Julio Menchaca Salazar llegó con la promesa de romper inercias históricas y abrir una etapa de transformación institucional.
Ese contexto obliga a una reflexión seria:
si el país discute la reducción de privilegios en los congresos locales, Hidalgo no puede quedar al margen del debate.
La otra cara del problema: los municipios
El llamado Plan B electoral también abre otro frente que en Hidalgo podría tener consecuencias directas: la reducción del número de regidores en los ayuntamientos.
En municipios como Pachuca, Huejutla, Tula, Tulancingo o Tizayuca, los cabildos pueden integrar hasta 19 regidores.
En teoría, esto fortalece la pluralidad democrática.
En la práctica, muchas veces termina diluyéndose en estructuras burocráticas que elevan el gasto público sin necesariamente mejorar la toma de decisiones.
En regiones donde aún existen comunidades sin agua potable, caminos en deterioro o servicios de salud insuficientes, el contraste entre la necesidad social y el costo político se vuelve inevitable.
La pregunta que Hidalgo tendrá que responder
El debate que abrió la presidenta no es únicamente electoral. Es estructural.
Porque al final del día, la verdadera discusión no gira en torno a cuánto cuesta un diputado, sino qué tan eficaz es el sistema que lo sostiene.
Si el Congreso produce leyes útiles, fiscaliza con firmeza y actúa como contrapeso del poder, el costo puede justificarse como parte de una democracia funcional.
Pero si la institución se percibe lejana, lenta o irrelevante frente a las urgencias sociales, entonces la cifra de 11 millones de pesos deja de ser un dato administrativo para convertirse en un símbolo de desconexión política.
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Y en un país donde la ciudadanía exige cada vez más resultados concretos, esa es una discusión que ningún estado —y mucho menos Hidalgo— puede darse el lujo de evitar.
En política, el poder se mide en votos.
Pero la legitimidad se mide en resultados.
