La Suprema Corte de Justicia de la Nación blindó a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) contra acusaciones penales o administrativas derivadas del proceso de revocación de mandato.
A través de un acuerdo, el máximo tribunal notificó este miércoles que modificó la suspensión que otorgó en la controversia constitucional que presentó el instituto por la reducción de su presupuesto de 4 mil 913 millones de pesos.
El Instituto señaló en la demanda que la disminución de recursos le impide realizar el proceso de revocación de mandato que requiere de 3 mil 830 millones de pesos para llevarse a cabo.
“Con el recorte, la Cámara de Diputados dejó sin fondos al INE para cumplir a cabalidad con esa obligación expresamente señalada en la Carta Magna”, indicó el INE en diciembre pasado.
En la suspensión otorgada el pasado 10 de diciembre, el máximo tribunal ordenó al INE realizar la consulta con el presupuesto disponible.
Este miércoles, la Corte ordenó llevar a cabo el ejercicio de manera eficiente, como lo permitan los recursos que tiene asignados y prohíbe que se ejecuten resoluciones penales o administrativas contra los consejeros.
“Se modifica la suspensión decretada el 10 de diciembre, solicitada por el INE, para que lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado…
“Así como para que no se ejecute la resolución sobre algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en contra de los integrantes del Consejo General de dicho instituto”, indica el acuerdo.
