La exalcaldesa panista de Playa del Carmen, Roxana Lili Campos Miranda, cayó en la Ciudad de México por su presunta participación en irregularidades contractuales que habrían provocado un daño superior a 62 millones de pesos.
La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que agentes cumplimentaron una orden de aprehensión contra la exfuncionaria por el probable delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Según las investigaciones, entre 2022 y 2024, durante la administración municipal de Lili Campos, funcionarios adjudicaron irregularmente tres licitaciones a un particular para lavar vehículos de Servicios Públicos Municipales.
Además, la Fiscalía detectó inconsistencias entre el tamaño del parque vehicular, el número de servicios reportados y la capacidad operativa de la empresa contratada.
El municipio contaba con apenas 123 vehículos, pero los contratos registraban hasta 865 lavados mensuales, incluso sin días de descanso, pese a que el proveedor tenía solamente 15 trabajadores.
La Fiscalía también señaló que el proveedor carecía de comprobantes fiscales digitales de los primeros contratos. Sin embargo, las autoridades municipales mantuvieron los pagos millonarios.
Investigan omisiones en la supervisión
Asimismo, las indagatorias apuntan a servidores públicos que incumplieron sus responsabilidades de vigilancia, pues no comprobaron la prestación efectiva de los servicios ni exigieron documentos fiscales.
La detención de Lili Campos ocurrió el 19 de noviembre, alrededor de las 19:47 horas, en la alcaldía Venustiano Carranza, según información del Registro Nacional de Detenciones.
Tras su captura, Lili Campos quedó bajo custodia de las autoridades federales y deberá enfrentar el procedimiento correspondiente en Quintana Roo, donde determinarán su situación jurídica.
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El caso exhibe posibles fallas en la contratación, supervisión y comprobación del gasto municipal. No obstante, la responsabilidad penal de Campos Miranda deberá establecerla un juez.
La investigación mantiene bajo cuestionamiento el manejo de más de 62 millones de pesos y las omisiones de los funcionarios que permitieron continuar los pagos.










