La crisis interna del Instituto Nacional Electoral (INE) profundiza la reestructuración de sus áreas directivas. Alrededor de 60 funcionarios han renunciado tras la salida de Guadalupe Taddei.
Entre los movimientos recientes destacan las salidas de Anahí Silva Tosca, Fernanda Romo y Mario Alejo, quienes ocupaban posiciones estratégicas dentro del organismo electoral.
Sin embargo, la reestructuración también alcanza otras áreas. La salida de funcionarios vinculados con la anterior administración abre cuestionamientos sobre los nombramientos, controles internos y funcionamiento institucional.
Reacomodo alcanza áreas estratégicas
La revisión ocurre después de la renuncia de Taddei y de los señalamientos sobre presuntas irregularidades administrativas. No obstante, ninguna responsabilidad penal queda acreditada únicamente por estos movimientos.
De acuerdo con Expansión, los diez consejeros acordaron concretar las salidas de tres titulares: Romo, Silva Tosca y Alejo.
En el caso de Mario Alejo, su gestión enfrentó críticas de partidos políticos por el retraso del nuevo sistema de fiscalización, indispensable para revisar los gastos partidistas.
Además, otras consejerías cuestionaron su experiencia profesional y su llegada al cargo, luego de desempeñarse como asesor del consejero Jorge Montaño.
Por otra parte, Rebeca Fernanda López Aguirre, responsable de Transparencia, también aparece entre los perfiles cuya salida se encuentra bajo revisión, aunque su renuncia no figura entre las tres confirmadas por Expansión.
El INE, por su parte, informó que mantiene una revisión colegiada de su estructura y que al 3 de noviembre contabilizaba 30 bajas por renuncia.
Cinco encargadurías y una institución bajo presión
Como parte de la reorganización, el organismo designó cinco encargados de despacho para cubrir vacantes en áreas estratégicas, entre ellas el Registro Federal de Electores y Servicios de Informática.
La consejera presidenta provisional, Blanca Cruz García, sostiene que los cambios buscan fortalecer la institución, garantizar la continuidad operativa y recuperar el protagonismo del órgano colegiado.
Sin embargo, el desafío consiste en demostrar que esta reestructuración responde a criterios técnicos y legales, no a disputas internas o cambios de lealtades políticas.
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La salida de alrededor de 60 funcionarios exige explicaciones sobre los nombramientos anteriores, los mecanismos de supervisión y las posibles irregularidades administrativas.










