Más de 600 guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) enfrentan incertidumbre sobre su continuidad debido al vencimiento de sus contratos el próximo 31 de diciembre. La situación podría dejar a miles de familias sin servicio de cuidado infantil a partir de enero de 2027.
Los prestadores del servicio advierten que las nuevas condiciones económicas propuestas por el Instituto no permiten cubrir los costos de operación de los establecimientos.
Por ello, anunciaron un paro nacional para el próximo 30 de noviembre, con el objetivo de presionar a las autoridades para alcanzar acuerdos.
En Baja California, 35 de las 51 guarderías subrogadas participan en este proceso de contratación. Según Elías Dájer Fadel, presidente del Grupo Nacional de Trabajo de Guarderías Subrogadas del IMSS, alrededor de 5 mil 300 niñas y niños podrían perder su espacio, además de que mil 600 trabajadoras enfrentarían el riesgo de quedarse sin empleo.
Cuestionan recursos destinados a las guarderías
Uno de los principales desacuerdos se relaciona con los recursos que el IMSS destina a cada menor. Los prestadores señalan que existe una diferencia considerable entre las guarderías administradas directamente por el Instituto y las operadas mediante contratos con particulares.
De acuerdo con Dájer Fadel, el IMSS destina aproximadamente 16 mil pesos mensuales por niño en sus propias instalaciones, mientras que para las subrogadas ofrece 6 mil 663 pesos en Baja California y 6 mil 338 pesos en el resto del país.
Los operadores consideran que estas cantidades resultan insuficientes frente al aumento de salarios y gastos operativos, por lo que advierten que mantener las condiciones actuales podría comprometer la calidad y continuidad del servicio.
La posible desaparición de estos espacios también representa un problema para las familias que dependen de las guarderías para cumplir con sus jornadas laborales.
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En particular, preocupa la situación de madres que no cuentan con familiares o redes de apoyo para cuidar a sus hijos. Algunas podrían verse obligadas a abandonar sus empleos si pierden el acceso al servicio.











