El gasto en programas sociales creció aceleradamente durante los gobiernos de Morena, mientras la deuda pública aumentó y redujo el margen financiero del país.
Los apoyos de los programas sociales pasaron de 222 mil millones de pesos en 2019 a casi 900 mil millones en 2026, según una base de datos publicada por Proceso.
Al mismo tiempo, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) subió de 10.3 a 19.4 billones de pesos entre junio de 2018 y junio de 2026.
Es decir, la deuda creció aproximadamente 84 por ciento en términos nominales y 25.5 por ciento en términos reales, de acuerdo con los cálculos citados.
Sin embargo, el problema no radica únicamente en el crecimiento de las transferencias, sino en su combinación con ingresos públicos insuficientes, bajo crecimiento económico y compromisos financieros crecientes.
Más gasto y menos margen presupuestario
Los programas Pensión para Adultos Mayores, Becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y los apoyos para personas con discapacidad concentran importantes recursos públicos.
Estos programas representan compromisos presupuestarios difíciles de reducir, particularmente porque varios adquirieron rango constitucional y el Gobierno debe garantizar su financiamiento.
Además, Pemex continúa dependiendo del respaldo federal, mientras el pago de intereses consume recursos que podrían destinarse a infraestructura, salud, educación y servicios públicos.
Un análisis de BBVA Research advirtió que la expansión de los programas sociales, los apoyos a Pemex, las pensiones y el servicio de la deuda presionan las finanzas públicas.
El banco advirtió que, sin suficiente consolidación fiscal, la deuda podría acercarse a 60 por ciento del PIB en 2030, escenario que pondría en riesgo la calificación soberana.
El grado de inversión, bajo presión
Las advertencias tampoco son hipotéticas. En mayo de 2026, Moody’s redujo la calificación soberana de México a Baa3, el último escalón del grado de inversión.
Por su parte, Fitch mantuvo la nota en BBB-, también el nivel mínimo de inversión, y señaló riesgos asociados con el crecimiento económico, la recaudación y Pemex.
Asimismo, S&P modificó a negativa la perspectiva crediticia de Pemex y CFE, al advertir que los apoyos gubernamentales pueden aumentar la rigidez presupuestaria.
De acuerdo con Fitch, una consolidación fiscal insuficiente, un deterioro económico prolongado o una pérdida de credibilidad institucional podrían provocar nuevas reducciones en la calificación.
No obstante, México todavía conserva el grado de inversión de las ocho agencias que califican su deuda soberana, según el informe de Hacienda correspondiente al tercer trimestre de 2026.
Al cierre de septiembre, el SHRFSP alcanzó 19.6 billones de pesos, equivalentes a 52.6 por ciento del PIB.
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El desafío para Claudia Sheinbaum consiste en sostener los programas sociales sin comprometer la estabilidad financiera, fortalecer la recaudación y reducir la dependencia presupuestaria de Pemex.










